Por Alfredo Vázquez *
Dos años de necesarias decisiones para dotar de facultades y dinamizar la gestión de la empresa estatal, no podemos disociarlos de la influencia del desfavorable comportamiento de los precios de nuestros principales rubros de exportación e importación y de las oscilaciones cambiarias; de un entorno de crisis económica; y otras restricciones financieras agravadas por el bloqueo, fuente histórica, entre otras, del lastre para el desarrollo que significa, el deterioro del plantel industrial del país.
Debo jerarquizar, además, que sin políticas de choque, el país destinó grandes recursos financieros para pagar deudas internacionales, eso ha permitido restablecer gradualmente nuestro prestigio ante acreedores y socios, y ampliando la capacidad comercial y financiera futura, que junto a medidas tomadas para resolver problemas estructurales de la economía y otras por aplicarse, como la unificación monetaria y cambiaria, irá propiciando resultados superiores de forma paulatina y en correspondencia con el Programa de Desarrollo que se apruebe.
En ese camino hay que continuar concretando la concepción de la empresa estatal como forma principal en la economía, reflejado en los resultados del 2015 y el plan del 2016, no por el valor absoluto de la riqueza lógicamente mayor que aporta —por ser la forma de gestión que prevalece y prevalecerá—, sino porque es superior el per cápita por trabajador y su crecimiento, que representa del PIB y de los tributos al presupuesto del Estado.
En ello comienzan a jugar su papel los mecanismos de distribución de una parte de la nueva riqueza creada, tanto a través del salario como por el estímulo de la utilidad, cuyas políticas acaban de ser perfeccionadas para continuar impulsando la participación de los trabajadores en la gestión económica.
Sin embargo, se manifiestan problemáticas que son blancos de las críticas de los trabajadores, relacionadas con la insuficiente preparación de las direcciones administrativas a cada nivel, para impulsar las transformaciones aprobadas, reflejándose en su incapacidad, en no pocos casos, de dar respuesta de su competencia en las asambleas de trabajadores.
También continúa limitada la autonomía y facultades de las unidades empresariales de base (UEB), muchas de ellas anteriores empresas. En disimiles ocasiones no se desagregan los indicadores directivos y límites del plan hacia las UEB como corresponde, no creándose las condiciones para vincular el salario por los resultados a ese nivel, lo que disgusta y desmoviliza a los colectivos ante las insuficiencias existentes en los mecanismos de distribución. Ello debilita el control colectivo, como parte del sistema de control interno, siendo una necesidad vital fortalecerlo.
Se mantienen insuficiencias técnicas, organizativas y falta de objetividad en la planificación, reflejado en una deficiente conciliación, contratación, inoportuno e ineficaz aseguramiento material y financiero, e incertidumbre en colectivos donde el plan no se ha aprobado y presentado a la fecha; en cuyos mecanismos hay que profundizar integralmente en la sinergia y encadenamientos del sistema empresarial. Es un asunto que compromete el cumplimiento del plan y que repercute en el empleo y el salario de los trabajadores.
Avanzar en la preparación de los directivos y trabajadores y en su responsabilidad con el control, repensar el papel y la autonomía de las UEB y continuar con el perfeccionamiento del entorno macroeconómico en que debe desarrollarse la empresa estatal socialista —que le permita competir en igualdad de condiciones con otras formas de gestión—, seguirá siendo la fortaleza esencial que ha sostenido nuestro sistema económico.
*Jefe del Departamento de Eficiencia Económica de la CTC
