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A mediados de septiembre del año pasado publicamos la carta del joven buzo Reynier Roque Santos, trabajador de la unidad empresarial de base (UEB) Pesca Nuevitas, en la cual denunciaba la responsabilidad de su entidad en el accidente que sufrió en julio del 2014 y le provocó una enfermedad descompresiva.
La Empresa Industrial Pesquera de Santa Cruz del Sur (Episur) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca (SNTIAP) no se quedaron de brazos cruzados e inmediatamente comenzaron las indagaciones correspondientes para esclarecer punto por punto lo sucedido, de todo lo cual nos enviaron constancia.
Desenredando la madeja
En su misiva a Buzón abierto el lector culpaba a su centro de lo sucedido “por la escasa preparación profesional para el desempeño del trabajo”. Pero según los documentos recibidos, la investigación en la UEB, a cargo de Domingo Navarro Conde, su director, arrojó que él no respetó la profundidad a la que tenía indicado descender y, por tanto, concluyen que la causa del accidente fue su negligencia.
El Departamento de Recursos Humanos, antes de ir a cumplir sus tareas, les entrega la instrucción con los procedimientos operacionales de trabajo de seguridad y salud para este tipo de pesquería. En dicho documento se explicitan las funciones a realizar, las normas de tiempo y descanso establecidas para antes y después de bucear, y la profundidad a la que deben bajar, explica Osmany Barreiro Consuegra, director de Episur.
Ciertamente Reynier tenía una plaza como marinero, pero dentro de su contenido de trabajo se encuentran las labores de buceo, así pudimos apreciarlo en un documento que detalla sus funciones y tareas principales, acuñado por él y la administración.
La comisión investigadora de Episur aclaró que en el momento del suceso, el lector sí contaba con un carné que lo acreditaba como buzo de aguas abiertas, emitido desde el 25 de enero del 2002 por la empresa Neptuno, con el número 442, y validado por un especialista en buceo; “como esta entidad ya no radica en Cuba, continúa homologando a este tipo de trabajadores la firma Acuc”, detallan.
Al respecto, Emigdio González Gómez, director general de la náutica Marlin Santa Lucía, explica que los compañeros de la pesca le solicitaron certificar a sus trabajadores, lo cual fue posible por una didáctica que limita la profundidad a 30 metros.
“Cuando ocurrió el accidente, los buzos no estaban certificados con ninguna didáctica nuestra. Reynier hizo dos inmersiones seguidas a más de 30 metros, violando el tiempo de intervalo de superficie. La transgresión de los procedimientos establecidos provocó el hecho”, significó.
Con respecto a los equipos de buceo, González Gómez asegura que todos los que por concepto de arrendamiento salen de sus instalaciones son los mismos con que se les presta servicios al turismo internacional, y tienen su mantenimiento actualizado, de acuerdo al régimen de trabajo. “La mayoría de los accidentes de este tipo ocurren por desconocimiento teórico de la actividad y violar los parámetros establecidos para la inmersión”, recalcó.
Más puntos sobre las íes
El remitente también se mostraba inconforme con el trato brindado por su centro, alegaba desatención y falta de apoyo. El informe investigativo detalla cada una de las gestiones hechas por la entidad en función del accidentado: apoyo monetario por las secciones sindicales, le garantizaron el transporte para ir al hospital en Santiago de Cuba en repetidas ocasiones, primero en helicóptero y luego en taxis pagados en CUC.
Todos los certificados médicos fueron abonados por la administración y a afectación salarial ocurrió por “los desfases” en las fechas que tenían los documentos, subraya Navarro Conde. Los compañeros del departamento económico, al percatarse, les aclararon a él y a su familia que de no entregar los certificados uno a continuación del otro perdería dinero y se les mostró cómo realizar los cálculos, agrega.
En abril del 2015 la comisión de peritaje médico del municipio le dictaminó invalidez parcial permanente para el trabajo con las limitaciones de: no buceo, no esfuerzo físico, no exponerse a alto riesgo en superficies inestables, no estadías prolongadas de pie. En consideración a su estado se le ofreció la plaza de agente de seguridad y protección, nunca la de estibador como él mencionó, pues ese puesto ni existe en la plantilla del centro.
Lo ubicaron en la posición que consideraban menos riesgosa, el taller de mantenimiento, pues ahí lo acompañarían dos agentes, el oficial de guardia y el técnico de producción del puesto de mando. Al finalizar las indagaciones Reynier seguía formando parte de la plantilla de la UEB de Nuevitas y cobraba un subsidio.
La fiscalía municipal al recibir la queja verbal del afectado por la plaza laboral, contactó con la empresa y le informaron de las acciones que estaba adoptando con el caso.
Al final de su misiva, el buzo alertaba sobre otro suceso que le ocurriera a uno de sus colegas, Yohander Mico, y la entidad aclaró que este había recibido las mismas atenciones.
Además, con respecto a la recaída a la que hacía referencia el lector, el propio Yohander explicó que no fue cierto; tuvo malestares y cuando la empresa lo trasladó al hospital, los médicos le informaron que esos síntomas no tenían relación con el incidente sucedido anteriormente y se le declaró apto para trabajar.
A la luz del sindicato
Pedro Manuel Díaz Jover, secretario general del SNTIAP, argumenta que aun cuando las primeras accio- nes fueron realizadas por la esfera de Asuntos laborales y sociales del Sindicato Nacional, se encomendó al Comité Provincial de Camagüey el tratamiento priorizado a la queja y buscar las causas que motivaron la inconformidad.
María Espinosa Molina, secretaria general de dicho Comité y quien presidió la comisión organizada a tales efectos, intercambió con la dirección administrativa y el ejecutivo sindical y revisó los documentos del expediente de Reynier. Se comprobó que, el día del accidente, el trabajador recibió el examen físico que se realiza a los marineros y sí tuvo apoyo de la empresa en su proceso de atención y recuperación médica. Asimismo consigna que la plaza otorgada fue de custodio y ello no contradecía las indicaciones facultativas.
También quedó demostrado que la compañera Raiza Sánchez Villegas, secretaria general del buró municipal del SNTIAP en Nuevitas, tramitó y efectuó los análisis necesarios a partir de las preocupaciones planteadas por Reynier.
A pesar de que su queja fuera declarada sin razón por las dos instancias, Díaz Jover comenta que valoraron con la dirección de la División Pesquera del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria y con la dirección de Capital Humano la posibilidad de realizar un análisis del cumplimiento de lo indicado en el Código de Trabajo para estos puestos específicos.
Ello se efectuará “en los colectivos laborales que lo requieran, pues en algunas entidades pueden existir incumplimientos de lo legislado y lo pactado en los convenios colectivos de trabajo”. Esta decisión evidencia que la queja de Reynier sirvió como alerta, pues en la carta de la administración, de igual modo, se reconoce el gran impacto del artículo en su sistema empresarial, pues los llevó a revisar el estado actual de las condiciones en que se efectúa la práctica del buceo en Episur.
