Su historia comenzó en diciembre del 2014, cuando una crisis de columna lo envió a la cama bajo certificado médico por seis meses. Así tuvo que alejarse del trabajo como guardia de seguridad en la unidad empresarial de base (UEB) Confecciones Yamarex, puesto que ocupaba desde hacía 20 años.
El 2 de julio del 2015 compareció ante una comisión médica, la cual dictaminó que Rafael no podía mantenerse mucho tiempo de pie, ni caminar largas distancias o levantar más de 10 kilogramos de peso. Ante situaciones de invalidez parcial para el trabajo, la legislación vigente exige que la empresa trate de reubicarlo en alguna plaza acorde a estas exigencias, y de no existir en el centro, entonces debería tramitarlo con el órgano de trabajo. De lo contrario, Rafael pasaría un año de certificado médico bajo el amparo de la Seguridad Social.
Sin embargo, el 19 de agosto fue citado por la representante de la sección sindical y la responsable de Recursos Humanos de la fábrica. En dicha reunión le ofrecieron la misma plaza que antes ocupaba, pero en la Agencia Coraza.
Rafael les propuso esperar, pues por esos días atravesaba otra crisis de columna y tenía descompensado el PTI (Púrpura Trombocitopénica Idiopática, causante de microhemorragias en la piel sin que se conozca una causa específica). Pero ellas dijeron que era imposible, pues ya habían hecho las coordinaciones para que comenzara a trabajar. Cuenta Rafael que más tarde se demostraría que no era cierto.
Aunque quisiera, y de hecho estaba dispuesto a aceptar la propuesta, él no podía físicamente asumir el trabajo. Entonces le informaron que por un mes disfrutaría del 60 % de su salario y pasado ese tiempo causaría baja del centro. Como era de esperar, apeló.
Lo hizo porque, sin tener mucho conocimiento de la legislación, estaba seguro de que algo, en algún punto, estaba mal; que aquella decisión no era, no podía ser justa.
Cinco meses después, el 25 de enero del 2015, recibió la confirmación de sus sospechas, la queja presentada por el mal manejo de su caso fue hallada con razón por la comisión investigadora creada en la Empresa de Confecciones Textiles Boga, a la que pertenece su UEB.
Así lo confirma Mayelín Escobar Ochoa, directora adjunta de la entidad, quien plantea que “existió por parte de la UEB un mal procedimiento laboral para con el promovente (…) no realizándose las gestiones pertinentes por parte del centro para la ubicación del trabajador en otras entidades de nuestro propio ministerio (…)”.
La solución no se hizo esperar y la comisión orientó cumplir con lo establecido en los artículos del 102 al 120 del Decreto 283/09 Reglamento de la Ley de Seguridad Social, así como garantizar la “indemnización al trabajador de remuneración monetaria por los daños y perjuicios causados durante el período afectado”.
A Rafael, tras meses de espera, la justicia acaba de mostrarle su mejor cara.
