Cuando Vladimir Betancourt salió de prisión las cosas le iban de mal en peor, y creyó que el mundo le venía encima cuando su esposa enfermó y falleció. Vivía en La Habana, pero no soportaba el infortunio de su soledad y se fue a otro sitio —a una Planta de Asfalto— en busca de trabajo. Le dijeron que no había, pero directivos de la sección sindical del lugar le ayudaron y pudo entrar.
Tiene 45 años y desde hace 7 meses labora en la UEB Viales de San José, del sector de la construcción en Mayabeque, donde cumple su sanción penal sin internamiento.
“A la semana de estar allí me sindicalicé. Ahora me restan un año y dos meses y me siento tan bien que pienso quedarme aquí por siempre. Mi salario es igual al de cualquier otro trabajador. Si hay estimulación, yo también la gano. Ahora me proponen para una mejor plaza, con la que podré ayudar más a mi hija de 20 años que entrará a la Universidad a estudiar Estomatología”.
Así dijo Vladimir a los asistentes al Primer Activo Nacional de Prevención y Atención a los llamados insertados, trabajadores que cumplen sanción en libertad, sin internamiento, un foro realizado el sábado último bajo la égida de la CTC en el Centro de Convenciones Lázaro Peña, en esta capital.
También otros trabajadores en igual situación que Vladimir brindaron sus testimonios y consideraciones acerca de una experiencia con más de tres lustros de vida y que, más allá de insuficiencias y fisuras, muestra las virtudes de un sistema social donde el hombre es el verdadero protagonista.
Sindicalistas de todo el país, junto a jueces de ejecución y directivos de los Tribunales Populares, la Fiscalía General de la República, la FMC, los CDR y otros organismos, debatieron asuntos como la deficiente evaluación en ejecutivos y secciones sindicales de la participación de los insertados en las actividades del centro laboral.
Además, la causa de por qué la evaluación integral del insertado no constituye práctica del ejecutivo sindical; el insuficiente control y atención diferenciada a esos trabajadores; la poca vinculación entre jueces de ejecución y asistentes sociales con dirigentes sindicales de base y la no radicación de plazas vacantes en las direcciones de trabajo por parte de entidades estatales.
Asimismo, debatieron violaciones de derechos laborales y normas de seguridad y salud, que muchas administraciones rechazan su incorporación, así como maltratos e infracciones en los pagos salariales a estos trabajadores, con amplios derechos recogidos en el Código de Trabajo, pero que a veces se incumplen.
El análisis demostró, según dijo en breve intervención Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario general de la CTC, la necesidad de que el colectivo laboral haga lo mejor que puede hacer en estos casos: acoger al insertado, no discriminarlo, atraerlo. “Esto tiene una importancia estratégica”, indicó.
Ermela García Santiago, integrante del Secretariado nacional de la organización sindical, insistió por su parte en la necesidad de un tratamiento diferenciado a estos trabajadores. “Son sancionados, pero ello no implica que violemos sus derechos”.
