En estos días y hasta el 30 de marzo los trabajadores tuneros valoran el plan de la economía y el presupuesto para el actual año, un momento de suma importancia porque es el primer escalón en el camino del conocimiento de las metas y de los recursos disponibles para su materialización.
Con ese fin han planificado 2 mil 932 reuniones, que son el escenario ideal para que más de 115 mil afiliados expresen sus inquietudes, inconformidades y previsiones, herramientas decisivas en los procesos productivos y de prestación de servicios, según informó Ernesto Guevara, miembro del secretariado de la CTC en la provincia.
El dirigente abundó que el cronograma de encuentros tiene el respaldo de las direcciones administrativas y sindicales en cada centro laboral, como una fortaleza que garantiza su realización, cuyos objetivos persiguen, además, lograr el compromiso en el cumplimiento de los planes, la participación consciente de los trabajadores en la gestión económica y motivar el crecimiento de la economía y el salario de los trabajadores.
Los análisis, dijo, se han concebido para que cada colectivo laboral valore la objetividad de los planes y se sientan realmente protagonistas de su ejecución, al tiempo que beneficiarios principales de las riquezas creadas.
Manifestó que se trata, también, de pretender promover la búsqueda de potencialidades productivas, y estimular el ahorro de recursos materiales y energéticos.
Aseguró que revisan los acuerdos y sugerencias del año anterior, y se retoman las esencias del encargo estatal de las organizaciones empresariales y los aseguramientos de materia prima, medios de protección individual, y todo lo referido a la atención a los trabajadores, como condiciones indispensables para lograr eficiencia en el cumplimiento del plan de la economía y del presupuesto del Estado.
Por otra parte, han sido convocados a estas reuniones de afiliados representantes de la Economía global, Dirección de Trabajo, Finanzas, la Asociación de Economistas, y de otros organismos que contribuirán con su asesoramiento al buen desarrollo del proceso.
Al mismo tiempo, son valoradas en las direcciones administrativas las formas de pago, a partir de las modificaciones hechas a la Resolución 17, del 2014, cuerpo jurídico que norma esos requerimientos y que ha sido objeto de múltiples cuestionamientos después de algo más de un año de su implementación.
Los cambios responden a los señalamientos críticos de los potenciales beneficiarios y retoman los fundamentos de una resolución que busca estimular el aumento de la eficiencia y de los ingresos de los trabajadores.
