El fenómeno de los altos precios de los productos agrícolas no es nuevo; su ascenso galopante se desató con la descentralización o la libre formación de precios que avalaron los organismos de competencia para la comercialización, y la modalidad del trabajador por cuenta propia en esta actividad.
Desde entonces, pululan los carretilleros y los puntos de venta de tal o más cual forma productiva (sin que haya un estricto control sobre ellos); de la noche a la mañana vendedores ambulantes crearon su propia placita y cualquiera lleva sus cosechas a una esquina con el precio que se le antoja.
Muchos culpan a El Trigal, un mercado donde opera una cooperativa no agropecuaria que da servicios a los comerciantes y regula el orden. Quien quiera, de cualquier región del país, puede llegar a este sitio y vender su mercancía. También están los que van directamente a los centros comerciales y dejan sus productos a precios por acuerdo entre intermediario y vendedor.
Esto pudiera explicar lo que sucede en la capital, pero no es excusa para que el 30 de diciembre último, una piña de poco más de una libra y una col de casi igual peso costaran 12 y 15 pesos, respectivamente, en la Plaza del Mercado de la ciudad de Sancti Spíritus; o que una libra de tomate en el Sandino, de Santa Clara, estuviera entre 15 y 18 pesos; o que dos años atrás, ya los valores de los vegetales en Holguín fueran elevados, tal como sucedía en Camagüey, excepto para las hortalizas acabadas de sacar de los organopónicos que bordean la ciudad.
Los precios de los productos agropecuarios se replican, casi idénticamente en el país, sin que sean dictados por normativas oficiales. Hay pocos mercados estatales, tanto en la capital como en el resto de las ciudades y poblados, y los que existen están deficientemente abastecidos como observamos en la vida cotidiana.
El problema es mucho más profundo. Como dijera el diputado Adalberto Fernández, del municipio de Viñales, en la última sesión de Asamblea Nacional: está en la cadena de precios que rige en las redes de comercio del país. Si no los bajan en las TRD, si un par de botas para trabajar sigue costando tan caro, no se puede esperar que baje el precio de la carne de cerdo ni de los demás productos.
La ovación a las palabras del diputado por el municipio de Yaguajay Israel Pérez, cuando afirmó que la agricultura produce, pero la gente no ve la comida en la mesa porque están mercanchifleando muchas manos que no son las del productor, demuestra que hay conciencia sobre una situación reiteradamente planteada por los parlamentarios de la Comisión Agroalimentaria, algo que consta a esta reportera.
Desiertos y oasis
El desabastecimiento reina en los mercados agropecuarios desde los días finales de año y los primeros del 2016, desatando la especulación sobre los precios y rumores de operativos policiales que decomisaron mercancías, de productores que resguardan sus cosechas a la espera de nuevas medidas (contrario a lo que debía suceder de vender todo antes de que los bajen) y hasta de factores climáticos que impedían sacar los productos de la tierra.
No escaparon al infortunio ni los mercados administrados por el Ejército Juvenil del Trabajo (EJT); donde son más asequibles los alimentos y hay una elevada demanda. Hasta bien avanzada la última semana, algunos, como el ubicado en las calles Tulipán y Estancia, en el municipio capitalino de Plaza, parecían haber sido abatidos por un huracán: tarimas semivacías, solo dos o tres productos, pocos concurrentes y escasos consumidores, lo contrario a la cotidianidad que impera en esos predios.
Odalys Díaz Hojas, especialista en comercialización del Grupo de Mercados del EJT, considera que “hay producciones bajas en el país, pero también mal control de la agricultura en los municipios; hay una contradicción entre lo que se cosecha y lo que se comercializa; las mercancías de otras provincias se desvían para El Trigal, y la situación se agrava porque los campesinos venden en el surco, ocasionando violaciones: no pagan impuestos, no se cumplen los encargos estatales y eso tiende a aumentar los precios, dada la necesidad que hay de alimentos.
“Llevo años trabajando en este giro; fuimos a una reunión a Alquízar y somos del criterio de que la malanga en este momento está muy cara, nos quieren imponer un precio que no estamos dispuestos a acatar, por eso no la hay en nuestros centros”. Similar criterio expresó Yulián Sánchez Chacón, administrador del mercado de 19 y B, en el Vedado, donde por igual concepto tampoco se expendía esta vianda el día que recorrimos varios establecimientos.
Los mercados del EJT son los más baratos de Cuba porque según Raúl Rivero Batista, jefe del Grupo que los administra, tienen un suministro estable, procedente de las formas productivas del municipio de Alquízar, en Artemisa, y porque “aplicamos solo el 8 % del margen comercial, cuando está establecido que se puede llegar hasta el 30 por ciento.
“Con las utilidades que obtenemos podemos pagar los impuestos y el salario de los trabajadores. Y saldamos las deudas a los productores entre 72 horas y una semana; nosotros no tenemos cuentas por cobrar ni por pagar fuera de término, y eso es una ventaja para cualquier mercado.
“Nuestro modelo de gestión nos permite hacer contratos con Alquízar, pero también con cualquiera de las formas productivas del país que acepte vender bajo ese margen comercial. Arrendamos el espacio y le topamos el precio, en cumplimiento de una función social que permite adquirir los productos menos caros que en el resto de los centros de comercialización.
“Además, quienes tienen espacios arrendados pueden ir a El Trigal o a cualquier lugar haciendo su gestión de compra como está establecido, lo traen al mercado y se someten a una lista de precios que nosotros elaboramos todos los meses, esa es la regla.
“Si se cumplen los planes de producción, las mercancías —que transportan las propias formas productivas— son suficientes para abastecer a los nueve mercados que tenemos en la capital y al de Baracoa, en Bauta”, definió Raúl Rivero, e informó que en el año 2015, el municipio de Alquízar cumplió al 101 % la entrega de productos contratados con el EJT, y que para este calendario tienen comprometidas 19 mil 700 toneladas, que equivalen al 80 % de sus cosechas; el resto lo venden a otros destinos.
La suerte de los mercados del EJT no la corren los estatales, que tienen que esperar porque un camioncito les llegue desde los municipios de Artemisa y Mayabeque con los productos agrícolas, no siempre de la mejor calidad. Si traen buenas mercancías a precios asequibles, se forman “tremendas matazones”, como ocurrió en el de 27 y A, de Plaza de la Revolución, el día 5 de enero con el excelente tomate a cinco pesos, además de los plátanos vianda.
Iris Mayea, su administradora, refirió que ellos tienen un camión fijo que los abastece y viene desde Alquízar, que antes del 29 de diciembre entraba diariamente, pero luego de ese día apareció el 5 de enero, lo que hace muy deficiente el servicio que se brinda.
“El fin de año abrimos pero así como usted lo ve, con un mínimo de productos, el surtido lo deciden allá. Los más caros son el tomate y la malanga, que ya subió a cuatro pesos, y ni siquiera la de dieta para el mes de diciembre la hemos recibido. Nosotros no podemos buscar mercancías en El Trigal, porque los precios de allí superan a los que podemos poner aquí”.
Nancy Armas, profesora de un politécnico cercano a 27 y A, reconoce que ese y otros muchos días, los productos tienen poca calidad, mas son baratos, “yo vengo, escojo los platanitos en sus tres precios: 30, 50 y 90 centavos, y cuando llego a mi segundo trabajo (el hogar) pongo la batidora y preparo la compotica para mi viejita; raspé el chopo para probar que no están picantes, compré unos poquitos, y así voy resolviendo porque mi salario es modesto, no me permite hacerlo en otros mercados”.
Lo descrito sobre los mercados del EJT en Tulipán y este último pudiera ser la réplica de cuanto está ocurriendo en el resto de los de su tipo en la capital o hasta en el país, sin embargo, existen otros donde prima la exquisitez del servicio: diversidad, calidad, buen gusto y pulcritud, y que pudieran también servir de referencia a los anteriores aunque sea para que cuiden de su imagen.
Es lógico que el pueblo, dicho así: pueblo, no pueda abastecer su mesa del mercado de 19 y A, o de otros similares que hay en la capital, donde imperan precios exorbitantes y otros bien cercanos a los que priman en los de los cuentapropistas, pero abogo por que estos no desaparezcan y sean espejo los unos de los otros, para que en la competencia se haga el verdadero mercadeo. Nadie debería estar obligado a comprar en una tarima sucia, desordenada y mal ataviada como las que existen, por ejemplo, en 27 y A, y otros similares.
Contratan solo el 22 % de la producción
Si como estaba sucediendo en el municipio de Quivicán hasta el mes de diciembre, las unidades empresariales de base (UEB) comercializadoras de las empresas agropecuarias solo contratan el 22 % de la producción, lógicamente esta solo alcanzará para suministrar al consumo social, porque el resto, la mayoría, el 78 % se “fuga” desde el surco a los intermediarios.
“En los últimos años solo se estaba contratando el 20 o 22 % de las cosechas, principalmente de los renglones que sustituyen importaciones como frijoles, tomate, maíz, y otros, cuando antes lo hacían al 90 %”, indicó Ángel Luis Alonso, presidente de la cooperativa de créditos y servicios Nicomedes Corvo, del municipio de Quivicán, en Mayabeque.
“Para mí el primer error que se cometió fue la descentralización de los precios, los cuales deberían estar topados en toda Cuba; ahora es escandaloso lo que pasa, enfatizó.
Ariel Beltrán, campesino miembro de la misma CSS, que logra excelentes cosechas de variedad de surtidos y posee la experiencia de muchos años de labor, remarcó que el problema de los precios se agrava por dos razones esenciales: la producción y la comercialización.
“El clima ha sido fatal para que fructifiquen el frijol, el tomate y otros cultivos que requieren frío en su ciclo vegetativo. La cosecha de frijol en mi finca es muy inferior a lo que tenía previsto y eso irremediablemente incide en el precio y en su presencia en los mercados.
“La producción es poca, la demanda es mucha; el sistema de comercialización no ayuda, pues si vendes el tomate a cinco pesos la libra en el campo luego los intermediarios le van agregando su parte y cuando llega al pueblo vale 10 o 15 pesos. Aun si regalas el producto aquí, tampoco lo comprarán barato en La Habana”, y citó el ejemplo del aguacate, que se vendió a 80 centavos y a un peso en ese territorio y en la capital rebasaba los ocho y 10 pesos.
Según Ariel, el problema más grande es que no ha habido abundante producción, “aunque no esperes que vas a ver cosas baratas, porque todo lo que nosotros compramos es caro, los insumos que trae el paquete tecnológico han bajado de precio pero son insuficientes, los productos en las TRD son caros, la mano de obra la pagamos hasta en 80 y 100 pesos la jornada”.
De las afectaciones a la producción también habló el campesino Ariel Díaz López, de Quivicán, quien sembró dos hectáreas de frijoles que le podrían aportar unos 100 quintales del grano, pero va a haber una merma muy grande porque las plagas invadieron su cultivo y cuando comenzó a recogerlos aún no había recibido los pesticidas contratados en el paquete tecnológico.
¿Fichas de costo?
Sobre las fichas de costo que supuestamente debe llevar el productor de cada cultivo, Ángel y Ariel Beltrán refieren que son muy pocos los campesinos que las llevan, la mayoría hace un balance al final de la cosecha y saca cuánto le costó y cuánto ganó, pero no por especificidades.
Eso mismo nos lo había comentado Raúl Rivero, el jefe del Grupo de Mercado del EJT, por eso es tan difícil determinar el precio justo que se debía cobrar por equis cantidad de producto. En cada una de las entrevistas que realicé a los productores indagué sobre el asunto y ninguno respondió con cifras.
Entonces, ¿qué hacer? En teoría, y por lo cual la Agricultura lleva muchos años batallando, se debería aplicar lo que sugirió Miguel Díaz-Canel, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros en una reciente visita a la provincia de Sancti Spíritus: Agregarle a todo lo que se cosecha la variable costo-precio; y erradicar la cadena de especulación del revendedor, porque crea una diferencia muy grande entre los precios que ponen los campesinos y luego los que muestran los establecimientos comerciales.
Por lo pronto, en el municipio de Quivicán, y hasta donde yo conozco en el resto de los de la provincia de Mayabeque, volverán a contratar el mayor porciento posible de las producciones para trasladarlas directamente a los mercados asignados, tanto en la capital como en los propios territorios, evitando la intermediación.
“Todos los que dirigimos tenemos que bajar a las formas productivas, al campesino y exigir el cumplimiento de los contratos”, dijo Raúl Rivero, algo que andan haciendo los de la empresa agropecuaria y la comercializadora de Quivicán, ya que “aunque no reporte resultados de inmediato sí tendrá un efecto a corto plazo en el abastecimiento a los agros”, aseguró Jorge Luis Verde, director de la segunda entidad.
Para Eredio Gobín, director Agrícola de la empresa 19 de Abril, “los precios que se manejan no se relaciona con los costos de producción; cuando hacemos una valoración de lo que cuesta producir vemos que en tarima están 4, 5 y 6 veces por encima de lo que vale cosecharlos.
“En un momento, se incrementó el pago a los productores sin tomar en cuenta lo que costaba cultivarlos, luego bajarlos es muy difícil y no se entiende por los campesinos; pero le aseguro que los precios de compra actuales son muy estimulantes”. Él también sugiere rescatar la figura del llamado balancista que había en los municipios y las provincias y orientaban el suministro a cada territorio.
¿Una conclusión?
Para muchos queda claro que la producción agropecuaria es insuficiente y que los mecanismos de comercialización no funcionan. No hay competencia entre mercados estatales y de oferta y demanda, ¿cómo puede haberla?, y tampoco existe un respaldo de otros alimentos con los cuales lograr un balance a la hora de servir la mesa.
Por lo tanto, urge contratar todas las cosechas y lograr que estas lleguen a sus destinos sin intermediación de especuladores que lleven los precios al cielo. La solución ha sido muy demorada.
