La comisión permanente de asuntos constitucionales y jurídicos del Parlamento analizó críticamente las insatisfacciones de la población en cuanto a la aplicación del Decreto Ley 322, que hace casi un año traspasó varias funciones al Instituto de Planificación Física (IPF) dirigidas a perfeccionar la atención estatal a los asuntos de la vivienda y reorganizar las actividades relacionadas con esta.
Es contradictorio que el 2015 cierra con unos 200 mil casos recibidos de la población que atañen a esa norma, cifra superior a cuando antaño el propio organismo atendía esas cuestiones, y ahora exista tanto descontento por los miles de asuntos sin responder, coincidieron los participantes en el debate.
Este se propició luego de la información ofrecida por Diana Rosa Suárez, directora jurídica del IPF, quien refirió que existe morosidad en la contestación de los trámites, fundamentalmente los concernidos con dictámenes técnicos y regulaciones urbanísticas.
Mencionó entre las causas la falta de orientación correcta y oportuna a la población, problemas de organización y articulación en las oficinas que deben atender esas solicitudes, así como algunas de tipo funcional con otros “actores” que intervienen en el proceso, como la figura del arquitecto de la comunidad, las direcciones de Vivienda, Notaría y Registro de propiedad.
Si bien quedó claro que la respuesta a la gente no puede ser que los atrasos suceden por falta de recursos materiales y humanos, en cuanto a fuerza calificada, lo cierto es que el tema merece una atención sistemática y directa del gobierno, por lo cual se acordó imponer del asunto a la dirección del Parlamento.
Al cierre de noviembre estaban radicados 194 mil 585 casos, y resuelto el 82 %, los cálculos son que el año concluya con unos 200 mil, dijo Belkis Serrano, vicepresidenta del IPF, quien precisó que fuera de término hay casi 7 mil en lo cual influyen las causas expuestas.
Subrayó que en el propio organismo están descontentos porque no han podido atender con celeridad las peticiones de la población, y que este es un proceso complejo, pues al traspaso de funciones se suman otras instrucciones y decisiones de Gobierno que responden al Lineamiento 120 aprobado en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, relacionado con el fortalecimiento del ordenamiento territorial y urbano.
Ejemplificó que sin querer justificar, existen procedimientos que se integran y hacen también más demorada la respuesta, porque la entrega del documento certificando el habitable no tiene que ver con lo que se emitía antes. Ahora no solo atestigua la terminación de la obra, sino que incluye las medidas y linderos, la tasación y hasta el número de la casa, de forma tal que la persona no tenga que ir en otra ocasión a pedir esos datos.
El IPF labora de conjunto con los Ministerios de la Construcción (MICONS) y de Justicia (MINJUS) los problemas de implementación del Decreto Ley y deciden acciones para perfeccionar normas jurídicas vigentes y medidas organizativas que integren el proceso, expresó la especialista.
Igualmente se trabaja con la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) para elaborar y firmar convenios dirigidos al asesoramiento a la población y su representación legal, acotó.
Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, expuso que había sido muy útil examinar ese tema en la comisión a propuesta de sus integrantes, porque el Parlamento tiene la misión de discutir temas y asuntos que afectan a la población.
A nivel del propio instituto y del gobierno hay que continuar analizando la implantación de esas normas, puntualizó.
Marisol Pino, diputada por Villa Clara y delegada de base, fue una de las que enfatizó en la necesidad de encontrar una salida rápida a la problemática, y a tono con las cifras informadas, dijo que el 70 % de los planteamientos en los despachos con los electores se corresponden con la legalización de terrenos y viviendas para poder acceder a los subsidios.
Yoslaine Peña Rodríguez, presidenta gobierno en el oriental municipio tunero de Colombia, reiteró la insatisfacción que hay con las respuestas y trámites, y los factores subjetivos que gravitan sobre el tema.
Ivonne Arzuaga y Yolanda Gómez, diputadas de las provincias de Granma y Sancti Spíritus, respectivamente, reiteraron el impacto que tienen los resultados de la aplicación de esa norma legal, que entró en vigor el 5 de enero, porque tiene que ver con uno de los problemas esenciales que gravitan en la sociedad cubana: la vivienda.
El diputado Ariel Mantecón Ramos, presidente de la ONBC manifestó el apoyo que siempre han estado dispuestos a dar y dan de hecho.
El Decreto:
El Decreto Ley No. 322 modificativo de la Ley General de la Vivienda entró en vigor el 5 de enero del 2015. Con él se extinguió el Instituto Nacional de la Vivienda y el MICONS asumió sus principales funciones y la rectoría de la aplicación de la política de la vivienda en el país.
Para ello, en este se crearon dos direcciones, una general y otra de asuntos legales, para cumplir varias funciones. Una de ellas es elaborar propuestas de la política general de la vivienda y sus urbanizaciones y la rectoría técnica del proceso inversionista para estos programas constructivos.
Asimismo las de organizar el control del fondo de viviendas, su estado y evolución; establecer la política para el aseguramiento de los servicios de proyectos, asesoría técnica y técnicos constructivos a la población por esfuerzo propio; e implementar, controlar y coordinar la aplicación de la Ley General de la Vivienda y demás normas complementarias; incluyendo las relacionadas con reclamaciones de derecho y litigios; ocupantes ilegales y convivencia.
Esas direcciones del MICONS también regulan, establecen y controlan la aplicación de las disposiciones y reglamentos de las viviendas vinculadas, medios básicos y edificios multifamiliares; además de regular y controlar la confiscación de casas en el marco de su competencia, conforme la legislación vigente.
El resto de las funciones fueron trasladadas según el Decreto Ley 322 a otros ministerios, órganos, organismos y entidades:
Al IPF todo lo referido a la construcción de viviendas por esfuerzo propio de la población y a reclamaciones y litigios relacionados con solares yermos, y medidas y linderos.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social atiende el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, en tanto a los organismos de la Administración Central del Estado compete el control, declaración, contratación y cese de viviendas vinculadas y medios básicos que posean como parte de su patrimonio.
Al sistema de Tribunales fue traspasado lo referido a reclamaciones y litigios con la propiedad de la vivienda siempre que los títulos sean notariales o judiciales. Incluye además, la división y permutas obligatorias.
El MINJUS considera los casos de permutas donde exista al menos una vivienda vinculada o medio básico.
La norma jurídica incluyó entre otras transformaciones la unión de las direcciones de la vivienda y unidades inversionistas en las instancias municipal y provincial; y el programa del Arquitecto de la Comunidad que presta servicios de proyectos y servicios técnicos a la población, fundamentalmente para la construcción por esfuerzo propio, se constituyó en empresas de Arquitectura y Servicios Técnicos con similares funciones.
El funcionamiento de esas estructuras se mantiene subordinado a los órganos locales del Poder Popular en sus respectivas instancias.
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