En fase muy avanzada de negociación hay varios proyectos con capital foráneo que podrán ser aprobados en los próximos días, anunció Deborah Rivas Saavedra, directora general de inversión extranjera en el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), al intervenir este domingo ante diputados de las comisiones permanentes de Economía y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento.
Hasta el momento hay 37 suscritos, seis de ellos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel con financiamiento de empresas de varias naciones, reiteró durante su amplia exposición, que conllevó sendas intervenciones de Rodrigo Malmierca Díaz, titular del Mincex, y Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros.
La especialista subrayó que el turismo, el petróleo, el sector agroalimentario y las energías renovables ocupan las primeras prioridades, en ese orden, en la cartera de oportunidades de negocios aprobada en octubre último, que contiene 326 intenciones, 80 más que la precedente.
Respecto a la política contenida en la Ley 118 de Inversión Extranjera puntualizó que es importante generar confianza en los inversores y potenciar la capacitación de empresarios y profesionales cubanos relacionados con la actividad.
Los ponentes coincidieron en que el principal obstáculo que enfrenta el país para concretar más alianzas con socios de otras latitudes sigue siendo el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos.
Tenemos que lograr que el capital foráneo desempeñe un rol activo en el crecimiento de la economía, subrayó Malmierca.
Los diputados asumieron la propuesta de contribuir en cada provincia y municipio con la fiscalización y control del cronograma de negociaciones, decisión válida si se tiene en cuenta que el derrotero de la inversión extranjera en Cuba es uno, pero son muchos sus actores.
Como el objetivo es que en cada territorio haya presencia de negocios con empresarios foráneos en pos del propósito común de desarrollar la economía, no es desatinada la idea de que los representantes de los órganos locales del Poder Popular estén al tanto de supervisar, de conjunto con los patrocinadores, el cronograma de negociación previsto, así como que expongan a las autoridades pertinentes las dudas y dificultades que observen y hasta propongan alternativas de solución.