Aunque las unidades productoras de la agricultura cubana manifiestan hoy satisfacción con la aplicación de un grupo de medidas que fortalecen su autonomía y tienden a reconocer realmente su personalidad jurídica, consideran también lo mucho que aún resta para perfeccionar la base productiva de ese sector en el país.
Ello se conoció durante la primera jornada de sesiones de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional, ocasión en que los diputados del grupo agroalimentario del Parlamento analizaron el impacto de esas medidas y los muchos obstáculos que aún impiden el verdadero despegue de un sector de importancia estratégica para el país: la alimentación y la producción cañera.
Desde hace algunos años las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) se encontraban en desventaja con el resto de las cooperativas, pues teniendo personalidad jurídica propia no contaban con el reconocimiento de la misma, lo que provocaba una excesiva dependencia de las empresas a las que se vinculaban, lo cual, de manera general conspira contra la eficiencia productiva de esas unidades.
Los diputados conocieron la existencia de entidades de ese tipo que venden producciones que generan divisas y aunque está establecida su personalidad jurídica, no pueden hacer uso directo de estas por no contar con cuentas bancarias en esta moneda.
Asimismo persisten deficiencias contractuales con las empresas suministradoras de insumos, por desconocimiento de los procedimientos que regulan este proceso, y se evidenció con mucha fuerza la necesidad de capacitación de técnicos y especialistas en esas unidades productoras.
Varios delegados expresaron su preocupación porque existen UBPC que realizan pagos de electricidad y gastos de combustible en el bombeo de agua a comunidades aledañas, lo que ocasiona pérdidas económicas a la entidad
Ricardo Monzón Novoa, director de Atención a Productores del Ministerio de la Agricultura, en informe de ese organismo a los parlamentarios expresó que se le da facultades a la Asamblea General de las unidades para decidir el porciento de las utilidades a distribuir entre sus miembros, excepto cuando tienen pérdidas acumuladas de años anteriores, que solo podrán distribuir hasta el 50 por ciento.
Subrayó asimismo que en el momento de la aprobación de la 17 medidas se proponía la extinción de 424 UBPC, pero tomando en cuenta el impacto que podían tener las acciones que se pondrían en práctica las propuestas disminuyeron en 126.
Entre otras dificultades analizadas por los parlamentarios estuvo el hecho de que las unidades productoras agropecuarias no pueden adquirir grasas y lubricantes de forma directa, a la vez que carecen de medios de transporte para garantizar la comercialización de sus producciones.
Aunque se renegociaron las deudas, en la actualidad existen UBPC con créditos vencidos y dificultades financieras para garantizar el ciclo productivo, lo que obedecen a razones objetivas y subjetivas, situación que merece una atención priorizada por los organismos competentes.
Los diputados de la Comisión Agroalimentaria valoraron además cómo la indisciplina, el descontrol, las incongruencias de la comercialización conspiran contra la eficiencia y los precios minoristas.
Si la agricultura hoy produce más, cómo los precios suben y suben, se cuestionaron varios parlamentarios, quienes concluyeron en que se hace imprescindible un detallado análisis de la oferta y la demanda en este sector.
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