Las condiciones parecen estar creadas para convertir el crecimiento del producto interno bruto (PIB) que debemos alcanzar en este 2015 en una tendencia durante los próximos años.
Solo de esa manera, con un incremento sostenido en la economía durante varios períodos sucesivos, sin retrocesos ni vaivenes, sería posible empezar un despegue que permita enrumbar al país por la senda del desarrollo próspero y sostenible que nuestra política económica proclama como meta.
Apuntan a ese propósito un grupo de modificaciones estructurales, descentralización de facultades y cambios en el sistema de relaciones financieras de las empresas estatales con el Estado, que desde el 2014 comenzaron a transformar el panorama y con razón han sido calificados como la etapa más compleja de la actualización del modelo económico.
La dificultad estriba no solamente en la mayor sofisticación técnica de las medidas, sino también —y sobre todo, diría yo— porque estas tocan a la mayor parte de la base económica del país, a los sectores y ramas que deciden en el crecimiento del PIB, lo cual necesita para su implementación exitosa de una exquisita coordinación entre todas las partes del sistema, así como el cumplimiento estricto del papel que corresponde a cada eslabón, desde las administraciones en todos sus niveles, hasta los trabajadores y las secciones sindicales.
El reciente acuerdo que Cuba logró con el grupo de países acreedores del Club de París para la condonación de una parte sustancial de su deuda externa y la reestructuración de sus pagos en condiciones muy favorables, es otra buena noticia para este fin de año, por lo que ello podría significar con vistas a la reintegración del país a la comunidad financiera internacional y a un posible aumento de los créditos y la inversión extranjera.
Pero concretar todas estas oportunidades en resultados tangibles requerirá que seamos capaces de sortear no pocas debilidades internas y amenazas externas todavía presentes en nuestro desempeño económico.
Como uno de los problemas macroeconómicos aún pendientes de una solución definitiva, aparece el proceso inacabado de unificación monetaria y cambiaria, lo cual sin duda gravita no solo como un freno para la eficiencia empresarial y la salud financiera del país, sino también como un lastre psicosocial en el imaginario colectivo de la ciudadanía.
El provechoso ejercicio de repaso que impondrá la realización en el 2016 del VII Congreso del Partido debe permitir chequear el cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social que trazó el cónclave anterior en el 2011, así como impulsar nuevas vías para perfeccionar, profundizar y ampliar aquella visión estratégica.
Tampoco es posible soslayar para nuestro ejercicio económico los probables efectos adversos a partir de algunos procesos políticos en América Latina, y los saldos mayores o menores que pueda arrojar el largo camino que queda por delante hacia la normalización de relaciones con el Gobierno de los Estados Unidos.
Lo fundamental, no obstante, resultará siempre lo que seamos capaces de hacer con nuestra inteligencia, esfuerzo y organización. En ese empeño es preciso, además, convertir cualquier adelanto en la economía nacional en un medio práctico para satisfacer mejor las necesidades de quienes más le aportan con su trabajo.
Por eso al presentar y discutir el plan y el presupuesto para el 2016, a la par que cada colectivo laboral exprese ideas para su cumplimiento, de modo que crezca la producción, la productividad y la eficiencia, también hay que velar porque tales resultados, consecuencia de su contribución, tengan un reflejo en los ingresos salariales y en la estimulación material de los trabajadores. Generalizar ese beneficio económico sería una manera de impulsar ese ansiado despegue.
