Decenas de llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas personales. Ese ha sido el saldo a 15 días de publicadas las estadísticas de los resultados en la tramitación de quejas y dudas de los lectores de Buzón abierto.
Como bien dijimos a varios de los encargados de atender a la población y el desempeño comunicacional en algunos organismos, nuestro objetivo fue el de compulsar a quienes tienen deudas con las respuestas. Porque visto en blanco y negro, si no las poseemos en la base de datos, mucho menos está en manos de quienes acudieron a la sección en busca de ayuda.
Pero tampoco es así, lo comprobamos por ejemplo, con los Ministerios de Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social, Industria Alimentaria, Energía y Minas, Comercio Interior y de Industrias, así como la Contraloría General, el INDER, BioCubaFarma, la corporación de la Aviación Civil y la UJC.
Entre todos nos enviaron 49 respuestas a casos gestionados por nosotras, incluso desde enero y febrero, y de las cuales ya se encontraban impuestos sus quejosos. Quiere decir que todo se resumía a la conciliación o a llevar hasta el final el proceso estadístico.
Del propio intercambio conocimos de quienes están hasta reanalizando sus mecanismos de tramitación de correspondencia, al menos con la prensa, pues su objetivo no es solo materializar el deber ciudadano de quejarse y recibir respuesta, sino también de hacerlo con la mayor prontitud posible.
Y me detengo en esta importante y decisiva condición, que bien merece ser ampliada en otro comentario: el tiempo para investigar y dar el dictamen de los casos.
Todos no tienen la misma complejidad, y por lo tanto no pretendemos, ni siquiera pensamos en que los cursados para la Fiscalía General demoren igual que una duda sobre empleo, la falta de inspectores o la equivocada actuación de un órgano de justicia laboral.
Pero en las conversaciones constatamos la variedad de consideraciones acerca del período con que cuentan para responder. Sin embargo, no es ocioso recordar que en la Primera Conferencia Nacional del Partido se discutieron y acordaron aspectos relacionados con la atención a la ciudadanía, la cual debe recibir respuesta lo antes posible. Al menos en lo que quedó escrito no se plasmó algo respecto a las resoluciones ministeriales que rigen sobre el tema y dan 60 días para cumplir el trámite.
Sin duda que este intenso intercambio ha sido de suma importancia para nuestro colectivo.
Ya hemos adoptado algunas medidas en función de ser mucho más acuciosas con los organismos e instituciones a los cuales enviamos las cartas, aunque estamos seguras de que por la preocupación demostrada, varios de los ubicados en el desagradable escaño de cero contesta nunca más lo volverán a ocupar, porque como bien nos escribieron desde BioCubaFarma, como buenos cubanos, allí siempre quieren batear de jonrón.
Decenas de cartas recibidas en esta sección tratan inconformidades y muchas dudas relacionadas con la aplicación de la Resolución 17. Por las respuestas de los organismos y del movimiento sindical hemos comprobado que en un alto porcentaje la solución ni siquiera es competencia del grupo empresarial, sino que depende de quienes los trabajadores ven cada día.
Esto nos lo recuerda la contestación de Rafael Guevara Chacón, jefe del Departamento de Organización del Trabajo y Salario en la CTC, al manzanillero Pedro Daniel Sánchez Batista, con quien concuerda en que la citada norma legal, pese a ser la más revolucionaria en materia de formas y sistemas de pago, no constituye por sí misma ni una varita mágica, ni la solución definitiva de los problemas que se afrontan respecto al salario.
Sin embargo, subraya, elimina los topes y ataduras de anteriores resoluciones y permite desatar las fuerzas productivas y con esto la retribución en dinero, siempre sobre la base de un resultado y de las posibilidades económicas y financieras de cada entidad.
Al afirmar que el grupo empresarial no puede imponer un indicador, nos referimos a la facultad que otorga la propia disposición jurídica al sindicato, al nivel que corresponda, de acordar lo referente a los sistemas de pago y distribución, así como a la responsabilidad de la administración de evaluar lo que pueda estar en contra del colectivo, señala el funcionario.
Abunda Guevara Chacón que hay indicadores definidos por las directivas del Ministerio de Economía y Planificación para la proyección en cada año, y además, existe la facilidad de fijar otros específicos para cada grupo o empresa, lo cual no significa condicionar de forma obligatoria el diseño de cómo serán retribuidos los trabajadores.
Considera que al evaluar estos temas, es fundamental lo siguiente: “El salario no se penaliza, sino se forma. En cambio, buscamos todas las maneras para establecer penalidades en el sistema de pago a fin de solucionar las insuficiencias que muchas veces, con nuestra gestión, no somos capaces de resolver”, dice.
Igualmente exhorta a ser más enérgicos y creativos al diseñar, convenir o definir sistemas de pago, “a fin de que motiven a los colectivos en función de una mayor productividad y eficiencia y no para implantar mecanismos que limiten el cumplimiento de los objetivos, a través de malos diseños que al final perjudican a la empresa y a los que realmente transforman la materia prima o brindan los servicios”.
