La artemiseña Luz María Quiñones lleva casi 12 años como juez lego del Tribunal Popular de su provincia y es la primera vez que por cumplir con esa obligación no le abonan el salario en su centro de trabajo, la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico territorial.
Fechada a mediados de junio, la misiva explica que laboró en el Tribunal durante todo el mes de mayo y aunque alertó al especialista principal de que debía pagarle el salario por promedio, este no lo hizo. El día del cobro, ante su reclamo, le dijo que se asesoraría con la Dirección Municipal de Trabajo, quienes a su vez contactaron con la provincia porque tenían dudas.
Luz María conocía que la amparaba la ley, pues durante 14 años fue jefa de Recursos Humanos y al ver el desconocimiento de los que debían decidir, habló con la presidenta del Tribunal, una abogada de la CTC y su representante sindical, que le aseguró que “vería el problema”.
Dos días después, la directora de perfeccionamiento empresarial le confirmó que le pagarían, sin decirle cuándo, lo cual implicaba un nuevo problema, pues no podía esperar otro mes sin poder cubrir sus necesidades básicas por la impericia ajena.
Pasaron los días y debido a disímiles justificaciones el cobro no se efectuaba porque la tarjeta SNC-2-25 estaba desactualizada, la encargada de esa activi dad había salido de vacaciones; después se percataron que era por las tarjetas del segundo trimestre del 2014 por donde debían sacar el promedio y al final, por el tiempo transcurrido ya no podían hacer nominillas.
No sabemos si finalmente la lectora pudo devengar su salario, pero esperamos que sí. Cuando leímos su carta recordamos que hemos recibido casos de compañeros que como ella, ocupan puestos eventuales en tribunales y comisiones electorales, planteando situaciones similares en cuanto al pago y hasta del derecho al salario, con lo cual las administraciones están infringiendo el Código de Trabajo, que no nos cansaremos de repetir, no puede ser letra muerta.
