El 31 de agosto vencerá el plazo para que las empresas entreguen la información del estímulo por la eficiencia económica, si lo permiten los resultados correspondientes al 2014, según estipulan las bases para su otorgamiento contenidas en la Resolución 100/2015 (R-100) del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).
La proximidad de la fecha que pone fin a este proceso aviva los debates en torno a la disposición ministerial, por la cual los trabajadores podrían recibir el equivalente de hasta tres salarios mensuales.
Sin embargo, en términos prácticos, entidades dedicadas a la producción y los servicios se han visto obstaculizadas de beneficiarse. A muy poco o nada terminan reducidas sus partidas de premio.
¿Por qué a pesar de ser eficientes unas se pueden favorecer y otras no? “La propia R-100 lo impide”, asegura desde la oriental provincia de Granma, Maikel Manuel Guerra López, director de Recursos Humanos en la Empresa de Acumuladores XX Aniversario, en Manzanillo. Sus inquietudes e inconformidades se ven reflejadas también en otras misivas recibidas en Buzón abierto.
En carta reveladora de la lupa con la cual examinaron la citada legislación en la única fábrica que produce y comercializa baterías en el país, aboga porque el MFP reconsidere aspectos que ponen en dudas la justeza de un Reglamento tan restrictivo en su propuesta conceptual, que termina por disgustar, cuando su esencia es y debe ser la de estimular.
La explicación que nos envía refiere que pese a poseer capacidad financiera para repartir 999 pesos con 13 centavos como promedio por trabajador, la distribución quedó limitada a unos 77 pesos con 40 centavos per cápita. ¿Por qué la exigua cifra?, pues porque “es la única que se ajusta a las exigencias de la Resolución”, aduce.
Según amplía, “para la determinación del monto a distribuir como estímulo se establece como condicionante que la correlación entre el ingreso medio por trabajador (salario medio más estímulo promedio por la eficiencia económica) y la productividad del trabajo sea inferior a uno”.
Dicha norma obliga, reflexiona, a realizar varios cálculos de categorías como ingreso medio y productividad del trabajo, que implican medir el 2014 contra su predecesor. Si el resultado de esas operaciones supera o iguala al número uno, entonces no se cumpliría con el indicador condicionante, y habrá que ir reduciendo el dinero planificado, hasta que la correlación entre el ingreso medio por trabajador y la productividad del trabajo quede por debajo de uno. Esto fue lo que se vio obligada a hacer la XX Aniversario para garantizar, aunque sea, tan pobre pago.
Guerra López detalla que luego de cumplir con el 35 % del impuesto sobre utilidades, deducir la reserva para pérdidas y contingencias, y efectuar el aporte por el rendimiento de la inversión estatal, disponían de más de 1 millón 65 mil 510 pesos de utilidades, de los cuales solicitaron repartir 333 mil 709 pesos con 16 centavos, monto que se vieron forzados a reducir a 25 mil 862 pesos con 80 centavos.
Sucede, valora, que las exigencias definidas en la condicionante solo son válidas para las empresas que pudieron pagar el estímulo en el 2013, pues en ese período como contaron con una cifra mayor de dinero están en ventaja para correlacionar un año contra el otro, y poder erogar en el 2015 a sus trabajadores una cantidad similar o menor a la ya cobrada en el 2014.
“A las empresas que no pagaron estímulo por la eficiencia hace dos años, les será imposible avalar un resultado en el 2014 que garantice armonizar con el 2013 y formar un monto que cubra la aspiración máxima de los tres salarios, de hecho ni siquiera una cifra cercana, y se encontrarán casos que no repartirán ni un solo peso”, afirma.
Lo inconcebible, apunta, es que como resulta obligatoria la correlación de la eficiencia con el año anterior, los pagos de la estimulación se irán reduciendo de forma progresiva, un mal que condenaría para siempre a las empresas, por el solo hecho de no repartir utilidades en el 2013.
Las consecuencias son tan perjudiciales, que si ellos en este año fueran eficientes, en el venidero cobrarían unos seis pesos por empleado, contra los 77 que como promedio les toca ahora; lo cual considera muy injusto.
Aclara que por la condicionante impuesta, el estímulo por repartir no dependerá de cuán eficientes sean las entidades, sino de la inejecución del fondo de salario pagable por la Resolución 17 del 2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “algo carente de sentido, pues a nadie se le ocurriría dejar de repartir salario formado en un mes para que la correlación salario medio productividad cierre más distante de uno, con la esperanza de que se apruebe como estímulo el equivalente a lo dejado de distribuir”.
El especialista de la empresa manzanillera expone otras incongruencias: la R-100 no considera al estímulo como salario y, sin embargo, establece reconocerlo como tal a la hora de correlacionarlo, “lo que impedirá obtener hasta tres salarios, hecho de por sí cuestionable, porque invalida distribuir mayores cuantías, en concordancia con las posibilidades financieras”.
Guerra López es partidario de que el MFP esclarezca y se pronuncie acerca de la Resolución, que afecta a tantos trabajadores.
