Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR) existen ilegalidades en instituciones del Ministerio de Salud Pública y en los Servicios Comunales, siendo La Habana la provincia con más hechos de este tipo, según trascendió este lunes en la comisión permanente de trabajo de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
También se informó que los consejos de administración provincial con mayores dificultades en la implementación de medidas son Villa Clara, Mayabeque, Granma, Pinar del Río y Las Tunas.
La información fue ofrecida por Ileana Flores Izquierdo, jefa del departamento de atención a la población en la CGR, quien explicó que los modos de operar continúan siendo los sobornos, las plantillas infladas y las nóminas de personas inexistentes en los centros de trabajo, la omisión de facturas de entrada, los vales de salida sin firmas, así como el desvío de recursos para su posterior venta ilícita.
Continúa siendo preocupante la demora excesiva entre la detección y el análisis de los delitos, tiempo que transcurre desde los seis meses hasta un año. Sobre las pérdidas económicas, la cifra en el Ministerio de Salud Pública ascendió en lo que va de año a seis millones 266 mil 893 pesos cubanos.
Los diputados de la comisión manifestaron que tales hechos ocurren debido a poca rigurosidad y exigencia de los directivos de las entidades y reconocen que es penoso ver cómo todavía no se buscan soluciones directas a las violaciones dentro del sector.
“Los cuadros debemos terminar con el favoritismo y el amiguismo para resolver los problemas, eso hace que las personas pierdan los valores y el sentido de vivir para el pueblo. Dejará de haber miopía política cuando nos centremos en erradicar estos problemas de manera urgente”, puntualizó Teresa Pérez Morales, diputada por el municipio de Bejucal.
La diputada por la provincia de Camagüey, Lisara Corona, consideró importante el avance en el control y atención de manera diferencias de las quejas y el estado de opinión en cualquier institución de salud pública.
Como acuerdo quedó establecido dar seguimiento a la actividad de fiscalización permanente en el área de los servicios comunales, la cual presenta la mayor cantidad de hechos delictivos sin resolver hasta la fecha, además de insistir a los gobiernos y organismos locales en el envío rápido de información sobre las acciones ilícitas.
