Desde este lunes hasta el 30 de septiembre se desarrollará en todo el país el proceso de elección de los más de 15 mil ciudadanos que ejercerán como jueces legos en las diferentes instancias del sistema de Tribunales Populares durante el período 2016-2020.
Centros de trabajo, planteles universitarios, barrios urbanos, comunidades zonas rurales serán los escenarios donde tendrá lugar las asambleas para nominar de manera democrática y abierta a quienes consideren que reúne los requisitos para representar a toda la sociedad en las decisiones que deberán tomarse al garantizar la legalidad e impartir justicia.
Según establece la ley, los precandidatos elegidos tendrán una edad mínima para ocupar el cargo de acuerdo con la instancia judicial en la que se desempeñará: 30 años en el caso del Tribunal Supremo, hasta 25 años para el nivel provincial y 21 para actuar en un tribunal municipal.
Ser ciudadano cubano, mantener buena actitud ante el trabajo o en la actividad de interés social que realice, poseer un adecuado nivel educacional y buenas condiciones morales y de prestigio en la comunidad constituyen requisitos determinantes que deberán poseer esas personas.
En todos los municipios y provincias funcionarán las comisiones de candidatura que tendrán la responsabilidad de organizar todo lo relacionado con el procedimiento para la elección de esos letrados no profesionales y estarán integradas por representantes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
Gisela Duarte Vázquez, presidenta de la comisión nacional de candidatura, señalo que cada territorio, de acuerdo con las necesidades de los tribunales populares, tendrá un determinado número de jueces legos para cubrir las salas en las diferentes materias y en igualdad de condiciones que los profesionales.
Precisó que el proceso de selección continuará con la confección del expediente de cada precandidato para ponerlo a la consideración de los delegados a las asambleas municipales, provinciales donde finalmente son designados en sus cargos, y al Tribunal Supremo Popular, instancia judicial cuya aprobación corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
