El último mensaje de la dirigente sindical guatemalteca Julia Amparo Lotán Garzola en Facebook ha quedado como una clarinada, como una premonición. Fue el 19 de mayo a las 10:09 de la mañana:
En el aniversario 120 de la muerte del héroe cubano José Martí, sus ideales hoy más vigentes, dijo. A continuación citó el artículo La política, publicado por el Apóstol en Patria, el 19 de marzo de 1892: «Cuando la política tiene por objeto, bajo nombres de libertad, el reemplazo en el poder de los autoritarios arrellanados por los autoritarios hambrientos, el deber del hombre honrado no será nunca, ni aun con esa excusa, el de echarse a un lado de la política, para dejar que sus parásitos la gangrenen».
Al día siguiente, el 20 de mayo del 2015, la secretaria general de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua) y vicepresidenta de la Federación Sindical Mundial (FSM), cayó en una redada “ejemplarizante”. Se le acusa de fraude. Por la misma causa también guardan prisión otros 15 funcionarios, algunos de ellos integrantes de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), incluido su director, Juan de Dios Rodríguez, quien hasta abril de 2013 fuera secretario privado del presidente de ese país, Otto Pérez Molina.
Los hechos
El 15 de mayo el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala denunció públicamente que el IGSS había violado el derecho humano a la salud. Para entonces, el caso contabilizaba 13 muertos y varias decenas de pacientes afectados por una mala práctica en las diálisis peritoneales.
Según la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 4 de noviembre de 2014 la junta directiva del IGSS adjudicó a la Droguería Pisa S.A. un contrato de 116 millones de quetzales (más de 15 millones 782 mil dólares) para proveer servicios de diálisis peritoneal ambulatoria a 530 pacientes renales.
Pisa ganó la licitación luego de tres meses de competencia con la multinacional Baxter que durante seis años había prestado ese servicio a los afiliados al Seguro Social. Lo inexplicable es que Pisa carece de centro de diálisis y de especialistas en ese tratamiento, por lo que tuvo que subcontratar al Hospital Las Américas para usar sus instalaciones y personal médico.
Veinte días después de que comenzaran a emplear los nuevos suministros, la Procuraduría recibió una denuncia por mala atención y baja calidad en los medicamentos. Nómada, un influyente medio digital de la nación centroamericana, junto a otros órganos de prensa, comenzaron a investigar el tema y en enero denunciaron que seis de las personas atendidas debieron regresar al hospital y fueron ingresadas en “la sección de emergencia del IGSS”.
Meses después, 13 familias culpaban a los servicios de diálisis contaminados por la muerte de sus seres queridos. Hasta el momento la pesquisa solo se dirige al fraude y no a homicidio culposo, aunque los reporteros aseguran que el Ministerio Público no descarta esa posibilidad.
“Era obligación de la Junta Directiva revisar todo el expediente de licitación”, aclaró Silvia de León Santos, titular del Juzgado Sexto de Instancia Penal que lleva el caso. “Pisa se estableció como empresa vendedora de productos farmacéuticos, pero en sus estatutos jamás especifica que presta servicios para pacientes renales. Además, no contaba con licencia sanitaria, incumpliendo así con el código de salud”, sentenció.
¿Por qué Julia Amparo Lotán?
El caso en el que presuntamente ha quedado implicada Julia Amparo Lotán Garzola por ser representante de los Trabajadores ante la junta directiva del IGSS, no podría separarse de la actual crisis de poder que vive la nación centroamericana.
Los medios de comunicación han ventilado diferentes aristas del asunto para, en algunos casos, hurgar en la realidad y denunciarla. Pero no han faltado los que se han hecho eco de la cortina de humo con que pretenden solapar a los verdaderos corruptos y desviar la atención ante las protestas populares que exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
Contrapoder.com.gt, diario digital que ha seguido el caso, reveló que uno de sus reporteros tuvo acceso al acta de la Junta directiva del IGSS del 26 de febrero de este año. En ese documento consta que Lotán Garzona cuestionó a la administración “sobre el tema que se manejó recientemente en un diario de circulación del país y en la revista electrónica Nómada, en relación con el problema de unos pacientes que tienen inconvenientes con diálisis”.
Ella cuestionó específicamente el “contrato con la empresa Pisa”, e indagó acerca de “qué información se tiene sobre esta situación y también cuál es el papel que juega en este caso el Departamento de Servicios Contratados”.
Lotán no es experta en servicios médicos ni en licitación, pero algo le olía mal en ese asunto.
Dos pájaros de un tiro
No es la primera vez que Julia Amparo se convierte en la piedra en el zapato de las autoridades gubernamentales. En octubre del 2013 denunció los turbios manejos del Gobierno con que violentó la autonomía del IGSS y le impuso una administración a su gusto. Por este motivo fue implicada en otro supuesto delito y llevada a los tribunales. El hecho, revelado a la opinión pública por la Federación Sindical Mundial (FSM), concitó muestras de solidaridad internacional.
No obstante, el primero de mayo del 2014, ya en libertad, manifestó en un comunicado publicado en la web Rebanadas de Realidad: “No podemos dejar de mencionar la crisis en que se encuentra sumergido el Seguro Social. Los servicios que presta siguen deficientes, (…) medios de comunicación divulgan la corrupción de las actuales autoridades, principalmente en los negocios de los medicamentos en componendas con las casas proveedoras”.
“Ante esta realidad, —convocó entonces— los trabajadores guatemaltecos debemos ser autocríticos y reflexionar, que si continuamos con la pasividad (…) podemos arrepentirnos en el futuro, cuando finalmente nos demos cuenta de que nos arrebataron nuestro único patrimonio, la seguridad social, y que nuestros hijos quedan más desprotegidos”.
Antes de su detención actual, la dirigente estaba comprometida con las manifestaciones populares que en los últimos meses han inundado las calles y plazas de Guatemala en señal de protesta por la corrupción política que vive el país.
Desde el punto de vista jurídico, el caso Pisa está claro. Lo polémico es incluir a una figura que políticamente ha resultado incómoda al gobierno y reclamarle, en su accionar ante la junta directiva del IGSS, por experticias y competencias que nunca tuvo.
¿No será este un caso de ajuste de cuentas por el accionar ético de un actor sindical? Eso piensa Ramón Cardona, secretario de la FSM América, quien ha declarado que “estamos ante una injustificada y burda agresión de las autoridades guatemaltecas”. La institución ha emitido un comunicado en el que llama a las organizaciones afiliadas y amigas a expresar su solidaridad a través del correo unsitragua@hotmail.com.
“Es reconocido el comportamiento transparente mantenido por Julia Amparo Lotán como representante de los trabajadores en la junta directiva del IGSS —dice el comunicado divulgado por la FSM. Pretender mancillarla con acusaciones sin sustento, solo puede pretender erosionar su imagen. No es primera vez que tenemos que rechazar, por espurias, acusaciones que han sido formuladas contra Julia Amparo, promovidas precisamente por combatir las impudicias de algunas de las autoridades del Gobierno”.
No obstante, la campaña internacional y los reclamos de una parte de la sociedad guatemalteca, Julia Amparo Lotán Garzola permanece, desde el 20 de mayo, en la prisión de mujeres de Santa Teresa. Desde allí escribió un comunicado explicando a la opinión pública su caso y concluyó: “A mis detractores y enemigos (…) les digo que a pesar de todos los atropellos a mi dignidad y a mis derechos humanos no me doblego. Y a mis compañeros y compañeras de lucha les insto a seguir adelante, a seguir luchando en contra de la corrupción y la impunidad, por la reforma estructural del Estado.”
