Osvaldo Rodríguez Martínez, corresponsal de Prensa Latina Panamá
El desfalco a las arcas públicas en Panamá durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), en su último capítulo de pago de comisiones por cobro fiscal a morosos, tiene evidencias de un posible complot de cuello blanco.
Así lo consideran analistas que explican en los medios de prensa la compleja red creada por la empresa privada Cobranzas del Istmo S.A. (Cisa), la cual mediante un contrato firmado con la oficina antecesora de la Dirección General de Impuestos (DGI), ganó cuantiosas comisiones por gestión de cobro. Lo que en un principio fue una entidad fantasma sin rostro visible, se develó esta semana como otro escándalo que apunta directamente a Martinelli y parte de sus cercanos exfuncionarios.
El magnate Cristóbal Salerno, quien en el 2006 fue acusado de tráfico ilegal de armas, apareció como uno de los accionistas de Cisa, y al ser interrogado dijo que entregó tres o cuatro maletas con montos de entre 400 mil y 600 mil dólares en efectivo al expresidente, por su parte en el “negocio de los impuestos”. Además reveló y mostró constancia de un cheque por otros 900 mil dólares dirigido a Corporación de Energía del Istmo, por solicitud del entonces mandatario. Esa empresa, cuyos directivos son allegados de Martinelli, fue favorecida antes con múltiples contratos, pero al parecer jugó un papel importante en el desarrollo de hidroeléctricas, un “negocio oculto”, como lo calificó una investigación del diario La Prensa, publicada en junio del 2014.
Las declaraciones del accionista visible de Cisa involucró igualmente al exdirector de impuestos, Luis Cucalón, a cuyas empresas familiares dijo que pagó comisiones por valor de más de 5,8 millones de dólares, a través de bancos.
Hasta ahora, Cucalón es el único detenido por el caso, pues Salerno tiene reclusión domiciliaria y a Magaly Ramos, gerente de Cisa, le limitaron la salida del país; otros investigados aún no han sido llamados por la Fiscalía.
Salerno es considerado uno de los grandes contribuyentes económicos de la plataforma que debió garantizar la continuidad del partido de Martinelli en el poder, e igualmente estuvo cercano a otros gobiernos a los cuales apoyó económicamente, según aseguró en la indagatoria.
Pero lo que hasta ahora fue rechazado por los imputados como habladurías, cobró cuerpo de pruebas con los resultados de la investigación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que pudo seguir el rastro del dinero movido a través del sistema bancario, no así las supuestas entregas en efectivo.
Otro hombre fuerte del llamado círculo cero de Martinelli, Gabriel Btesh, por segunda ocasión se le vincula a investigaciones por manejos dudosos de flujos financieros; en este caso recibió pagos directos de Cisa por supuestas compras inmobiliarias.
La madeja de nombres, cuentas y empresas vinculadas al caso, apuntan a que se intentó encubrir acciones ilegales y lanzar una cortina de humo que impida probar la participación de algunos altos responsables, opinan analistas.
El modus operandi revelado muestra un clásico lavado de dinero, al pasar de Cisa, que cobró más de 47 millones por concepto de comisión por cobro a supuestos morosos, a la cuenta de Langton International Holdings Limited, en Islas Vírgenes, y de ahí se realizaron los “pagos” mediante terceros.
En paralelo, al observar la evolución de leyes y decretos que favorecieron e impulsaron las acciones de independencia a la institución de cobros fiscales y apoyaron la “tercerización” de estos, se reafirma la sospecha expresada en los medios de que una red ilegal funcionó desde adentro del Gobierno.
Hay puntos de contacto con otros grandes escándalos como el del Programa de Ayuda Nacional; el enriquecimiento ilícito de al menos un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y acusaciones a otros; y más reciente las investigaciones a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Sin embargo, estos no son los únicos casos donde se habla de corrupción, pues la sociedad panameña se revuelve por estos días, y continuas protestas callejeras se suceden por salarios, falta de agua, desatención vial o despojo en el caso de los indígenas.
