Sin consenso, la Revolución lidereada por Fidel Castro en 1959 no hubiera resistido 57 años. Encauzar la opinión colectiva fue posible, entre otras razones, por la viabilidad del proyecto económico político social propuesto; por el liderazgo de sus dirigentes históricos y porque la gente, a nivel individual, ganó espacios para realizarse y hacer valer un sistema de derechos, también definidos por consenso.
Con extrañamiento se nos presenta entonces un debate acerca de ese ámbito que algunos han definido “derechos humanos”, término que es manipulado una y otra vez, en dependencia de quien ocupe el podio.
Si coleccionáramos derechos e hiciéramos una lista, probablemente ningún Estado podría cumplirlos todos. O quizás las diferencias que marcan la cultura y prácticas tradicionales de los pueblos, terminarían contraponiendose. Es decir, en busca de universalizar una visión de la justicia, suele pecarse de eurocentrista excluyente o de anglosajón imperialista, dos de las faltas frecuentes (redundantes por demás) en la arena internacional a la hora de evaluar el asunto.
Años ha que Cuba lucha por no aceptar que se le juzgue ni censure con doble rasero. Desde Estados Unidos no podrían hablarnos de derechos políticos cuando allí los cargos electivos se ganan más con billetes que con boletas. Tampoco es aceptable que la Unión Europea reclame una prensa desregulada, cuando en el último lustro se han cerrado más 500 medios de comunicación en España, mientras que en Alemania e Italia, estos se concentran y ganan poderes supranacionales.
No se trata de ir por el mundo diciendo lo que cada país debe hacer ni cómo sus ciudadanos querrían vivir, sino que se reconozca, en primer lugar, el derecho de todos, incluido este archipiélago, a tener un proyecto propio, diferente, perfectible…
A los enemigos les cuesta silenciar los logros de Cuba, y podríamos imaginar sus caras cuando presidentes como el de la República Francesa, Francois Hollande, habla de sus triunfos: “Más de un millón de cubanos muestra títulos universitarios, eso es muchísimo, más del 10 % de toda la población, y este es uno de los éxitos que explica por qué sus investigadores son recibidos con los brazos abiertos en los equipos científicos más destacados del mundo. Este resultado es mucho más meritorio si tenemos en cuenta que el embargo ha perjudicado los intercambios universitarios”, dijo el pasado lunes en el Aula Magna de la Universidad de La Habana.
No es casual que el informe sobre desarrollo humano presentado por el PNUD en el 2014, ubicara a Cuba en el puesto 44 entre 187 naciones. Mucho hay en eso de la decisión de invertir en salud y educación. Este año, por ejemplo, el 53 % del presupuesto nacional se ejecutará en esos dos sectores. Entre el 2005 y el 2012, el país dedicó el 11,3 % de su PIB a gastos de educación, más que EE.UU., Reino Unido, España, República Checa, Japón, Países Bajos, Suiza, Australia, Israel y Canadá.
Una investigación del Departamento de Educación y el Instituto Nacional de Analfabetismo de Estados Unidos de abril del 2014 concluyó que 32 millones de adultos (14 % de la población) no puede leer y que el 21 % lo hace peor que un niño de 5to grado. Es cierto que allí aumentaron los graduados universitarios en las últimas cuatro décadas pero esta mejora fue, sobre todo, para las familias ricas (33 %), pues entre las pobres solo hay un 3% más de ingenieros y licenciados que hace 40 años.
Otro derecho humano consagrado por Cuba es el de la salud, para lo cual ha diseñado un sistema que garantiza cobertura universal y asistencia gratuita desde la atención primaria y preventiva, hasta costosas intervenciones quirúrgicas en una red de instituciones —152 hospitales, 451 policlínicos, 11 mil 550 consultorios médicos y más de 81 millones de consultas— donde laboran alrededor de 481 mil trabajadores.
De los alcances de ese sistema se habla frecuentemente y también de la solidaria cooperación del sector que desde 1963 hasta el 2013, llevó a más de 500 mil profesionales de la Salud a prestar servicios en 158 países. Hoy son más de 51 mil en 67 naciones, gesto reconocido por sus homólogos de todas partes.
Mientras tanto, Estados Unidos admite ser el “único país avanzado de la tierra” que no garantiza la licencia pagada por enfermedad ni por maternidad a cerca de 43 millones de empleados. Plausible es que sea su presidente, Barack Obama, quien lo denuncie públicamente como hizo en su último Discurso sobre el Estado de la Unión.
En ese evento aseguró además que “el Congreso aún tiene que aprobar una ley que garantice que la mujer reciba el mismo salario que el hombre cuando hace el mismo trabajo” (hoy debe conformarse con el 30 % menos) y que “todavía necesitamos leyes que refuercen en lugar de debilitar a los sindicatos y que les den voz a los trabajadores en EE.UU.”.
Lo mejor sería entonces que, si de perfeccionar las sociedades se trata, sea en derechos humanos o en cualquier otro asunto, cada quien mire su reflejo en el espejo. Y que los terceros, si fueran convidados, señalaran los lunares desde posturas constructivas y respetuosas.
