Especialistas destacan como elocuentes ejemplos en pos de esa armonía, las nuevas constituciones adoptadas por Ecuador (2008) y Bolivia (2009), resultantes de novedosos procesos de refundación política ampliamente apoyados por movimientos sociales y populares. Ambos textos, fuertemente impregnados de la riqueza cultural de los pueblos originarios, como la filosofía del “buen vivir” o “vivir bien”, presentan innovaciones, catalogadas como modelos de un nuevo constitucionalismo, considerado de gran valor no solo para Latinoamérica y el Caribe sino también para todo el mundo, por constituir valiosas muestras de las nuevas formas que toma el debate sobre los usos y conceptualizaciones de la naturaleza.
En el caso boliviano, la nueva constitución pone de relieve la necesidad de garantizar la protección y preservación del medio ambiente, reconociendo entre los derechos sociales y económicos, el del medio ambiente. Este consiste, principalmente, en que todas las personas, sin distinción, tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado; a esos efectos, el ejercicio de este debe permitir a los individuos y colectividades presentes y futuras, además de a otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.
La constitución ecuatoriana se asemeja a la boliviana en reconocer el derecho a un ambiente sano; pero se destaca en que reconoce, por primera vez, derechos propios a la naturaleza o Pachamama.
De tal manera, este texto constitucional la reconoce como sujeto de derechos, y hace del respeto a estos una condición previa para la garantía del derecho a la existencia misma de los seres humanos. Establece así una ruptura radical con toda la tradición filosófica política según la cual los derechos pertenecen a las personas físicas o jurídicas, y que incluye entre aquellos los de manipular y explotar la naturaleza acorde a sus propios intereses.
El reconocimiento de sus valores intrínsecos se opone a su fragmentación para convertirla en “bienes” y “servicios” que se ofrecen en el mercado al mejor postor. Esa práctica depredadora del capitalismo es precisamente el origen del divorcio actual entre el hombre y la naturaleza, y por tanto la causa, entre otros males, del nefasto cambio climático, coinciden en señalar los expertos.
América Latina y el Caribe es quizás la mayor víctima del cambio climático. La Comisión Económica para América Latina (Cepal), de la ONU, tras reseñar el fuerte impacto que ya causa el trastorno en la región, alerta de que el aumento de temperatura previsto para el año 2050 causará la disminución de su producto interno bruto (PIB) entre 1.5 y 5.0 % cada año. Los mayores riesgos se concentran en la agricultura, la disponibilidad de agua, la conservación de bosques, la pérdida de biodiversidad, la salud de la población, la pobreza rural y el turismo en zonas costeras. De modo similar se han pronunciado también otros importantes entes internacionales.
El enfrentamiento a esta grave amenaza a la vida en el planeta es asunto priorizado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) desde su fundación en el 2011, y así fue ratificado en su última Cumbre, realizada el pasado enero. Documentos aprobados en la cita reconocen la alta vulnerabilidad de nuestras sociedades al cambio climático, y reafirman el compromiso con la protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad, y la lucha contra el calentamiento global.
Mandatado por los jefes de Estado y de Gobierno allí reunidos, el 5 de mayo se realizará en Quito una reunión ampliada de altos representantes de los 33 países de la Celac, que tiene entre sus fines alcanzar una posición común hacia la XXI Conferencia Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático (COP21), a realizarse en diciembre del 2015 en Francia, donde debe aprobarse un nuevo tratado internacional para luchar contra la crisis medioambiental.
Alcanzar el objetivo propuesto para el próximo encuentro en Ecuador será el mejor tributo que puede rendir Latinoamérica y el Caribe en su Día a la Madre Tierra, nuestra Pachamama.
