Aquella noche yo caminaba por La Habana Vieja en compañía de un amigo abogado estadounidense y pasamos por una cuadra donde realizaban la asamblea de nominación para la candidatura a delegada o delegado municipal del Poder Popular. El visitante me preguntó de qué iba aquella reunión del vecindario, y le comencé a explicar el sistema electoral cubano. Me hizo notar que había pocas personas, y era cierto. Nuestra democracia es tan democrática, que a veces no sabemos valorarla lo suficiente, le dije.
Esas elecciones libres de intereses espurios, ejemplarmente limpias y transparentes, tan habituales para nosotros en Cuba aunque resulten bastante infrecuentes en este mundo, son las que vamos a respaldar con nuestro voto el próximo domingo 19 de abril, cuando en cada circunscripción elijamos, entre varias personas nominadas, a la que consideremos con mayores méritos y capacidad para representarnos en las asambleas o gobiernos locales.
Para garantizar ese día unos sufragios exitosos, decenas de miles de mujeres y hombres en todo el país, trabajadores en muchos casos, laboran desde hace meses como autoridades electorales en todos los niveles, con particular empeño y dedicación, en una tarea completamente voluntaria.
Un desempeño meticuloso, con apego ejemplar a las leyes y procedimientos electorales vigentes, preside y acompaña este proceso electoral, donde sobresale el énfasis hecho para la promoción a tales puestos públicos de mujeres y jóvenes, sin desconocer la utilidad de la experiencia que atesoran muchos excelentes delegados con tiempo y resultados en esas funciones. Porque en la medida en que logremos la incorporación consciente y comprometida de las nuevas generaciones al ejercicio de gobierno, mayores garantías tendremos de conseguir su perfeccionamiento y continuidad.
En particular es muy importante que personas jóvenes sean electas para integrar las asambleas municipales del Poder Popular. Esto sería deseable no solo por una aspiración formal a ofrecer mayores espacios de participación a este segmento poblacional, sino porque constituye una posibilidad excepcional de aprendizaje para encauzar la participación ciudadana y formar nuevos liderazgos auténticos desde la base de nuestra sociedad.
Es cierto que a veces la responsabilidad de delegada o delegado de circunscripción puede parecer abrumadora, demasiado compleja o absorbente para quienes tienen menos experiencia de vida y tal vez otras muchas tareas que cumplir, ya sean estudiantiles, laborales o simplemente con sus familias. Pero en ocasiones también hay cierta timidez no justificada, o subestimación propia o ajena del papel que puede y debe desempeñar la juventud en los distintos niveles de dirección del país.
No basta solo con ofrecer el derecho que garantiza la ley electoral para que gente joven pueda ocupar estos cargos electivos, hay que crear las condiciones en el barrio, entre el vecindario, para acompañarles y que sea exitosa su gestión, de modo que comience ese adiestramiento imprescindible para la toma de decisiones públicas.
Una iniciativa interesante que incorporó estos comicios es la figura de los llamados observadores, la cual realizan fundamentalmente jóvenes de las diferentes enseñanzas. Es una manera de familiarizarles y motivarles quizás para futuros ejercicios electorales.
Pero en la medida que el sistema del Poder Popular y los mecanismos de participación de la ciudadanía en el nivel local demuestren ser más efectivos en la canalización de iniciativas y en el empoderamiento real de los habitantes de cada circunscripción para la toma de decisiones que beneficien al electorado, también los jóvenes sentirán más que con esos cargos públicos se les ofrece una oportunidad real de transformar su entorno, de crear y aportar ideas valiosas para beneficio de sus semejantes.
No es posible dejar de resaltar, además, el papel cada vez más decisivo que deben desempeñar los gobiernos municipales en la implementación de las nuevas políticas económicas y sociales para actualizar y consolidar nuestro socialismo.
Esto nos impone el reto a la ciudadanía no solo de ejercer el derecho al sufragio, sin asumirlo de forma rutinaria y en posesión plena de toda su valía, sino también el deber de pensar muy bien a quién y para qué le otorgamos democráticamente —con total implicación y conocimiento de causa— nuestro voto.
