Aunque aún no asimiladas por todos en su real dimensión, las cooperativas no agropecuarias (CNA) son reconocidas hoy como una forma preferencial de gestión no estatal, promovidas sobre todo, en actividades cercanas a la población y consideradas dentro del sistema de planificación de la economía nacional.
Tienen personalidad jurídica —a diferencia del trabajador por cuenta propia— y con locales arrendados, en usufructo u otras formas que no implican transmisión de la propiedad.
Constituidas voluntariamente sobre la base del aporte de bienes y derechos, se sustentan en el trabajo de sus socios, cuyo objetivo general es la producción y la prestación de servicios mediante la gestión colectiva, para la satisfacción del interés social y el de los miembros.
Son regidas como norma por la oferta y la demanda, la propiedad es colectiva, crean fondos y distribuyen utilidades, y no podrán ser vendidas ni transmitida su posesión. Sus decisiones son colectivas con igualdad de derechos para los socios, y pueden contratar trabajadores asalariados.
Al cierre de noviembre último se habían autorizado a operar en el país 329 cooperativas de ese tipo, a la vez que 300 nuevas propuestas estaban en fase de evaluación, según se conoció en reunión ampliada del Consejo de Ministros, instancia encargada de su aprobación.
Entre sus peculiaridades está el empleo y disposición de los bienes que les pertenezcan, gestionar los trabajadores asalariados, cubrir los gastos con los ingresos que generen en su labor, a la vez que los precios de los productos y servicios que comercialicen serán determinados por la propia entidad, según la oferta y la demanda, excepto aquellos que sean regulados especialmente por el Estado.
En ocasiones se ha comprobado insatisfacción entre los miembros de estas cooperativas por no poder acceder, según lo establecido, a la compra de insumos en empresas mayoristas, mientras que en algunos lugares se han esgrimido argumentos que limitan las relaciones de las empresas con estas nuevas formas de gestión.
Los especialistas aseguran que el cooperativismo como forma de gestión constituye una de las vías —con una incidencia cada vez mayor— consustanciales de la actualización del modelo económico del país, algo sin precedentes en un panorama caracterizado por la preponderancia del control del Estado en el último medio siglo.
El cooperativismo cubano —como algunos le llaman—, amén de similitudes lógicas con formas análogas de gestión a nivel mundial, no deja de ser un campo donde se pone a prueba la impronta de un país urgido de una actualización segura de su actividad económica.
