Entre los elementos probatorios numeró la fundación de la FMC, organización de masas potenciada desde la comunidad que ha impulsado la igualdad de la mujer y que actualmente agrupa a más de 4 millones de féminas mayores de 14 años.
En la Constitución de 1976, aprobada en referéndum popular, se consagró el principio de la igualdad. Ese documento proscribió y sancionó, por ley, la discriminación.
La primera Legislatura, luego de constituido el Poder Popular, aprobó el Código de Familia, siendo el tercer estado de Latinoamérica en tener un documento de ese tipo. L a FMC, de conjunto con otras organizaciones, trabaja actualmente en su actualización.
Lisset recordó además que el Parlamento tiene entre sus comisiones permanentes de trabajo una destinada a la Atención a la infancia, a la Juventud, y a la Igualdad de Derechos de la Mujer, que jugó un gran papel en las discusiones de la Ley de Seguridad Social.
También hizo referencia al Régimen de Asistencia Social que ampara y protege especialmente a los adultos mayores, a las personas con discapacidades o enfermedades crónicas, a las embarazadas, a los niños, a los egresados de los centros penitenciarios y a otros grupos poblacionales.
La FMC, al igual que la Central de Trabajadores de Cuba, tiene iniciativa legislativa de acuerdo con lo establecido en el Artículo 88 de la Constitución de la República y ha empleado esas prerrogativas para realizar enmiendas al Código de la Familia y a la Ley de Maternidad.
Esta organización, en su condición de organismo rector acerca del tema, promueve políticas y campañas. En 1997, para darle seguimiento a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, el Consejo de Estado la consagró como el Mecanismo Nacional para el Adelanto de la Mujer en Cuba y desde esta condición actúa dentro y fuera de la isla lo que le permite asesorar metodológicamente a los hacedores de políticas dirigidas a las mujeres, así como darles seguimiento en su implementación y evaluación.
En ese mismo año el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOF) otorgó a la FMC el estatus de Organización No Gubernamental (ONG) lo cual le ha permitido participar en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CWS), en las reuniones de la Mesa Directiva de la Comisión Económica de América Latina sobre la Mujer (Cepal), en las Conferencias Regionales, y ha defendido la postura de Cuba ante el Comité para la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) con autoridad para hacer contribuciones orales y escritas.
La representante femenina detalló los elementos que permiten asegurar que en la isla las mujeres tienen autonomía económica (acceso remunerado al trabajo), física (control sobre su cuerpo y pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos) y en la toma de decisiones, este último verificable con la presencia, cada vez mayor, de mujeres en puestos directivo.
Lo más complejo de todo el proceso de transformación –dijo Lisset- ha sido el tránsito sostenido y progresivo de una cultura patriarcal instalada por siglos en la conciencia y en las practicas, a una cultura d la igualdad. Pero eso no se resuelve exclusivamente con leyes, sino que resulta necesario profundizar en las conciencias y aprovechar las brechas abiertas por tantos años de accionar.
Una vez abierto el debate, Bárbara Doval, periodista y vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, recordó los eventos que han desarrollado de conjunto con la FMC con el propósito de evaluar la presencia de la mujer en los medios desde una perspectiva de género y propuso multiplicar esos espacios de análisis y reflexión en diferentes puntos del país pues tiene que ver con el derecho a la información pública.
Recomendó a los gobiernos de las Américas la creación de medos de comunicación más inclusivos y participativos donde se tome en consideración la participación de esas audiencias para el impulso de política públicas. Defendió la pertinencia de que los gobiernos exijan a los funcionarios la obligación de comparecer de manera sistemática ante los medios de comunicación en aras de la trasparencia de su gestión pública y por la necesidad de los actores sociales de acceder a esa información para trasformar sus entornos.
Propuso además que las nuevas tecnologías de la comunicación sean empleadas sistemáticamente en defensa del bienestar ciudadano, siempre en aras de contar con sociedades más creativas, participativas, inclusivas y plenas.
