A finales del 2013 comenzó la angustia de esta extrabajadora de la escuela primaria Ramón González Coro. Según relata, a mediados de noviembre pidió a la directora del centro el citado instrumento para practicar en su casa.
Casi un mes después, esa compañera y la jefa del primer ciclo se personaron en su domicilio con el fin de indagar acerca de la guitarra, porque les habían dicho que ella la había vendido. Rosa Helen desmintió tal acusación alegando que la prestó a su homólogo en la escuela secundaria Batalla de Montesuelo, en la localidad de Santa Lucía para la actividad por el Día del Educador.
Para demostrar la claridad de los hechos, la remitente recuperó el equipo con prontitud y lo entregó en óptimas condiciones. Mas ahí no terminó el asunto. Casi al concluir enero fue citada por la dirección del plantel para que firmase una medida disciplinaria, consistente en la separación definitiva, propuesta por la directora municipal de Educación.
Como estaba en desacuerdo reclamó al órgano de justicia laboral, y a los tribunales Municipal y Supremo. Pero expone en su misiva que todos fallaron en su contra aunque el abogado contratado para defenderla demostró las violaciones cometidas por la administración durante el proceso.
Entre otras, que la medida fue aplicada fuera de término, el modelo de notificación estaba en blanco, sin cuño, sin rúbrica de la directora de la escuela, quien incluso la convidó a no firmarlo, alegando que nadie lo haría como testigo porque esa no era la medida que solicitó para la trabajadora.
Además, nunca existió un acta de responsabilidad por el medio puesto a su cuidado, se reconoció la buena conducta de la trabajadora y que la escuela no tuvo daños ni pérdidas económicas. Así mismo, en el momento de la sanción Rosa Helen estaba embarazada, dejaron de abonarle el salario de tres meses y no le dieron derecho a cobrar la licencia prenatal y postnatal.
Después del infructuoso proceso legal al que se sometió, ella quiere una solución a su problema. “Mi bebé ahora tiene ocho meses, soy madre soltera y nuestra situación económica es crítica. Encontrar un empleo es difícil en mi municipio”, subraya.
Esperamos que las instituciones pertinentes brinden una explicación sobre este caso, a nuestro juicio bastante contradictorio, en el que la lectora tiene su responsabilidad por negligencia al prestar sin autorización un bien del Estado, pero si su carta es cierta pensamos que falta transparencia en el proceso.
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