Más Pulpín eres tú, fue la respuesta de los jóvenes y sindicalistas al Gobierno peruano que pretendió promover un código que nació en estado de coma. Se trataba de la Ley 30288, aprobada por el Congreso y derogada unas semanas después, luego de cinco grandes marchas en diferentes ciudades de Perú y una férrea oposición de la opinión pública.
Para los peruanos el término pulpín equivale a una persona indefensa y manipulable, y eso buscaba el “nuevo régimen laboral juvenil”. Este jueves la congresista aprista Luciana León presentó un proyecto alternativo que ha llamado Ley Chamba, la cual seguramente será evaluada con lupa por una sociedad que demostró estar en pie de lucha.
A propósito del tema, Trabajadores publica el testimonio de Olmedo Auris, vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), organización que participó activamente en la lucha contra la Ley Pulpín. | YDM
Sucedió en Perú
Lima-Perú.— Para comprender en su real dimensión el rotundo triunfo del movimiento juvenil peruano que logró la derogatoria de la nefasta ley de Empleo Juvenil es necesario saber que en todos estos años del siglo XXI, el Perú creció económicamente; sin embargo, no tenemos una Ley General de Trabajo, en su lugar existen cerca de 40 regímenes especiales para los distintos sectores; es un país con más del 75 % de informalidad, solo dos de cada 10 trabajadores tienen derechos sociales, y según la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), más de 10 millones de peruanos trabajan sin beneficios laborales ni protección social.
La Ley 30288 de Empleo Juvenil para jóvenes de 18 a 24 años, jurídicamente era inconstitucional y discriminatoria, porque violaba principios constitucionales, derechos fundamentales y laborales. Concretamente, por el solo hecho de ser jóvenes se reducían los siguientes derechos: remuneraciones, asignación familiar, seguro de vida, utilidades, compensatoria por tiempo de servicios (CTS) y solo 15 días de vacaciones.
La Ley Pulpín fue promulgada por el Gobierno de Ollanta Humala como parte del paquete reactivador frente a la desaceleración de la economía peruana y por exigencia de los grupos de poder económico, nacionales y transnacionales, así como en atención a las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
La Constitución Política peruana es terminante en su artículo 2, dice: “Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”. En este caso se estaba discriminando por cuestiones de edad.
La respuesta, sobre todo la indignación juvenil, no se dejó esperar. Amparados en que los derechos laborales son irrenunciables y los derechos generales son para todos los trabajadores, el Departamento de la Juventud de la CGTP, conjuntamente con estudiantes universitarios, organizaciones populares y diversos colectivos juveniles, convocaron a través de las redes sociales y otras a cinco marchas de la juventud, exigiendo al Congreso de la República y al propio presidente del país la derogatoria de esta infame ley.
Las movilizaciones, que se iniciaron el 18 de diciembre y culminaron el 26 de enero del presente año, fueron creciendo cada vez más en contundencia y combatividad no solamente en Lima sino en varias ciudades del Perú donde participaron la CGTP, otras centrales sindicales, las representaciones estudiantiles de las diversas universidades del país, los colectivos juveniles culturales, académicos, barriales, jóvenes independientes y las organizaciones políticas progresistas y de izquierda peruana. Generaron la simpatía y solidaridad del pueblo peruano, al extremo de que la gran mayoría de congresistas que aprobaron la ley se tuvieron que solidarizar con la justa y combativa lucha de los jóvenes, y se comprometieron a derogar por discriminatoria y neoliberal.
La contundencia de la convocatoria a la quinta movilización obligó al propio presidente de la República Ollanta Humala a adelantar la sesión del Pleno del Congreso para el 26 de enero, donde 91 congresistas definieron derogar la ley, que en menos de dos meses se volvió social y políticamente insostenible. Mientras, 18 parlamentarios —de 34 del Partido de Gobierno— votaron contra la derogatoria y un reducido grupo de cinco legisladores decidieron abstenerse.
De esta forma triunfó la voz y la lucha de los jóvenes y del pueblo peruano. La Ley Pulpín obviamente merecía ser derogada porque era la expresión palmaria de la precarización del empleo y de la política de flexibilización laboral.
Esta lucha de la juventud peruana nos deja una lección a tener en cuenta: sí es posible derrotar al capitalismo salvaje, irracional e inhumano y a su fracasado modelo neoliberal, para lo cual se requiere de la actitud contingente y de la unidad monolítica del pueblo combatiente. ¡El pueblo ya lo sabe, sin luchas no hay victorias!
