La existencia de 168 millones de niños víctimas del trabajo infantil es una de las causas y consecuencias de las desigualdades sociales reforzadas por la pobreza. En los últimos años este fenómeno se ha reducido sustancialmente en América Latina y el Caribe. A pesar de ello, 12,5 millones de niñas y niños trabajan sin haber cumplido la edad mínima de admisión al empleo o realizan labores que deben ser prohibidas, según el Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En su gran mayoría, estos pequeños son ocupados en la agricultura; sin embargo, miles de ellos se desempeñan en otros sectores de alto riesgo, como la minería, los basureros, el trabajo doméstico, la cohetería y la pesca.
Asimismo, hay formas incuestionablemente peores de trabajo infantil, como la explotación sexual comercial, la trata de niños y niñas con fines de explotación laboral, y la utilización en conflictos armados y el tráfico de drogas. Estas plantean problemas particulares, pues implican actividades ilícitas: furtivas y difíciles de abordar.
Algunas también constituyen riesgos específicos para el sexo femenino, que con frecuencia es el más vulnerable debido a las prevalecientes normas culturales y sociales patriarcales de América Latina y el Caribe.
Brasil tiene el mayor desafío al encabezar la tasa de trabajo infantil en Latinoamérica; allí unos 14 millones de menores se ven obligados a desempeñar labores para aportar al sustento familiar, seguido de Perú, México y Colombia, donde se concentra el mayor número de menores que laboran a nivel regional, muchas veces sin recibir remuneración por sus faenas, en condiciones similares a la esclavitud.
El fenómeno también afecta a países como Bolivia, en especial debido a la presencia de comunidades indígenas, donde los niños entran a trabajar a temprana edad por considerarse que asistir al colegio conlleva un riesgo de “asimilación cultural”.
No obstante, en el área se están dando importantes avances en la prevención y erradicación del trabajo infantil agrícola. En el sector azucarero de El Salvador, por ejemplo, el Gobierno, la Asociación de Productores de Caña de Azúcar y la OIT se aliaron para eliminar el trabajo infantil en este rubro, mediante una campaña de sensibilización, la mejora de los servicios de enseñanza, la formación profesional y la implementación de mecanismos de vigilancia de base comunitaria.
El Foro Social para disminuir el empleo de menores fue creado en Ecuador en el 2005; en el 2013, 38 mil niños, niñas y adolescentes fueron desvinculados del trabajo infantil, como un resultado intersectorial. Esta situación en la nación andina disminuyó del 8 % en el 2007 al 2,6 % en el 2013 en edades comprendidas entre los 5 y 14 años.
La OIT y la FAO indicaron que la región andina concentra el 61,5 % de niños que laboran en el campo, seguida de Mesoamérica (42,7 %) y el Cono Sur (38,4 por ciento). En tanto, sitúan a los cultivos de café, cacao, azúcar, soya, frutas y hortalizas entre los más atendidos por los pequeños y adolescentes.
América Latina y el Caribe se han propuesto eliminar las peores formas de trabajo infantil en el 2016 y en su totalidad para el 2020. Sin embargo, al ritmo actual estas metas no podrán ser alcanzadas.
Durante los últimos años se ha logrado reducir en 7,5 millones el número de infantes en esta situación, lo cual ha sido considerado como un logro importante, aunque la OIT ha destacado que si la tendencia sigue a ese mismo ritmo se necesitarán al menos 40 años para lograr el objetivo de la erradicación.
La Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil nació en el 2014 durante la III Conferencia Global sobre trabajo infantil en Lima, Perú, donde varios países compartieron su preocupación por la lentitud en los avances, y propusieron que esta fuera “la primera región en desarrollo libre de trabajo infantil”. La decisión tiene como mandato acelerar las acciones de prevención y supresión de este fenómeno, e incluye una serie de indicaciones para fortalecer los mecanismos de acción e identificación de esta práctica. “La persistencia de esta situación, especialmente en sus peores formas, es un factor que profundiza la inequidad social”, agudiza la desigualdad y profundiza la vulnerabilidad social y económica, refleja la declaración suscrita en Lima.
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