Por Oscar Fernández Estrada*
Transcurridos los tres primeros años del proceso de actualización, muchas transformaciones no poco sustantivas se van orquestando de forma paulatina. Una de las más importantes, desatada durante el finalizado 2014, es la que apunta a la concesión de una mayor autonomía a las empresas estatales con el fin de habilitarlas realmente para el cumplimiento de su rol en nuestra economía. Este proceso aumenta la responsabilidad de los directivos, al empoderarlos en los procesos decisorios de su competencia.
Ahora bien, el paso a un modelo de gestión descentralizado debe atender la siguiente advertencia: no se puede transferir autoridad a las empresas sin diseñar a mediano plazo las formas, no de participación sino de control efectivo de los trabajadores sobre las decisiones de estas empresas (conservando la capacidad reguladora del Estado). No se deben transferir dichas facultades a los empresarios sino a la sabiduría e intereses del poder del colectivo de trabajadores. De lo contrario se enfrentarían dos riesgos superlativos: mantener el distanciamiento del trabajador respecto a los intereses a nivel de su colectivo laboral sin estimular su sentimiento de dueño; y repetir los errores de finales de los 70, al potenciar aquella clase de empresarios cuasicapitalistas guiados exclusivamente por criterios de maximización de beneficios, analizados durante el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas.
Esta clase con poderes decisorios semiabsolutos, que se gestó también en experiencias foráneas anteriores como resultado de transformaciones descentralizadoras, constituyó el caldo de cultivo en la restauración capitalista en varios de los países socialistas de Europa del Este.
Recientemente la Central de Trabajadores de Cuba anunció un proceso que es ya tradicional entre nuestros trabajadores: la convocatoria a la realización de las asambleas en todos los colectivos laborales para que las administraciones informen las cifras aprobadas del Plan de la Economía y el Presupuesto del 2015. Este anuncio reconoce en sí mismo la distorsión que caracteriza el diseño actual: las administraciones informan las cifras ya aprobadas. No obstante, está establecido que en diferentes momentos del año anterior los colectivos participen en el proceso de conformación del plan. Se impone entonces un set de preguntas medulares: ¿Cuán efectivo, real y despojado de formalismos resulta este proceso? ¿Cuánta es su capacidad de influir en la toma de decisiones? ¿Cuánto tiene realmente de movilizador y político? ¿Cuáles son las causas? Generalmente pensamos que donde algo no sale bien es porque alguien no está cumpliendo lo indicado. Sin embargo, cuando el ejemplo exitoso se convierte en excepción… a no durarlo: se precisa una revisión integral del diseño.
Lo inexcusable de la participación, máxima de un proyecto emancipador como el nuestro, tiene que encontrar definitivamente el camino. El espacio para que se materialice el determinante papel de la iniciativa, el espíritu emprendedor y la posición activa de los actores de la actividad económica en todos los niveles, debe ser concebido eficazmente, despojado de instrumentaciones formales o irrealizables por excesivamente románticas. El sindicato tendrá que rediscutir, desde el rigor conceptual, cuál rol debe desempeñar en los múltiples ámbitos de esta economía heterogénea con vocación socialista, así como los organismos centrales deben transformar las prácticas actuales de asignación de recursos.
Con la convicción de enrumbar por un camino conducente a una sociedad más justa se requiere un movimiento enérgico, sistemático y coherente, impulsado oportunamente desde el mismo centro, para que, con mucho tiempo y esfuerzo, consigamos transformar esta realidad centralista, culturalmente enraizada, cuyo diseño inhibe el despliegue pleno de la sabiduría colectiva.
*Doctor en Ciencias Económicas
