El proceso previo a las sesiones finales del XX Congreso de la CTC conllevó, entre otros asuntos, la renovación de casi el 44 % de los ejecutivos sindicales en la base y el 35 % de los secretarios generales. El 17 % de los nuevos son menores de 30 años.
¡Qué bueno!, dijimos muchos. Los longevos en el movimiento sindical abren paso a nuevas generaciones de hombres y mujeres dispuestos a representar a los colectivos de trabajadores. Pero (y siempre hay peros) esos cambios traen consigo metas y retos diferentes para la organización en todos sus niveles. De lo contrario quedará atrás en las transformaciones que van ocurriendo en la economía y la necesidad de aprovechar capacidades instaladas y hasta sacar el extra en las empresas y sus fuerzas productivas.
Para ello durante el 2014 entraron en vigor decenas de normas jurídicas, no pocas con un impacto directo en el entorno laboral, lo cual implica un doble reto: que las administraciones conozcan y apliquen bien lo decretado y que el sindicato adopte una posición de vanguardia no solo en su conocimiento, sino también en velar por su adecuada consecución.
Todos, y especialmente los noveles dirigentes, tienen como se diría en el argot popular “que ponerse las pilas”. Esto resulta sinónimo de permanente capacitación y superación; “de modo que cuenten con la información requerida para esclarecer dudas, supervisar su cumplimiento, alertar oportunamente sobre cualquier desviación y sumar a los colectivos laborales a su materialización práctica”, como bien expresó el General de Ejército Raúl Castro Ruz en la clausura del citado cónclave.
Por las estadísticas que llevamos en la sección Buzón abierto, el punto rojo está hoy en los sistemas de pago. Por ejemplo, aún “gatean” un paquete de normas jurídicas dirigidas a continuar dotando a las entidades de mayor independencia y autonomía en su gestión, para fomentar la eficacia y la eficiencia en la producción y los servicios.
Forma parte de ellas la Resolución 17 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que reglamenta la vinculación del salario con los resultados y elimina límites administrativos en ese sentido. Sin embargo, suman decenas de cartas, algunas publicadas, en las que colectivos de trabajadores cuestionan la adecuada instrumentación de esta última ley.
La frase común es que se aplica mal. Nuestro pensamiento va más allá de cuánto ganan los directos e indirectos a la producción. ¿Esas inconformidades son conocidas por el sindicato? ¿Está preparado ese eslabón para discutir, dar adecuada respuesta y tramitar lo que no esté a su alcance? Hay preguntas que requieren de rápidas y certeras respuestas que por sí solas pueden avalar la instrumentación de una ley, promulgada para obtener positivos resultados económicos y satisfacer necesidades perentorias de los trabajadores.
