Cuba cuenta con los instrumentos penales y jurídicos para garantizar orden y disciplina, así como salvaguardar la seguridad del pueblo, afirmó este jueves en La Habana Luis Toledo Santander, presidente de la comisión permanente de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del Parlamento, una de las 10 que sesionan antes del cuarto período ordinario de la VIII Legislatura, fijado para mañana.
Su afirmación fue a propósito de la explicación aportada por funcionarios del Tribunal Supremo Popular (TSP), la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Justicia, en relación con los anteproyectos de normativas de alto rango, en fase de elaboración desde el 2013, como parte del proceso de perfeccionamiento y actualización de las normas jurídicas, de la institucionalidad del país y las acciones por garantizar el respeto de las leyes.
Lo que se quiere con las nuevas disposiciones es avanzar de forma cualitativa, de atemperarlas a la modernidad y preparar un sistema de justicia adecuado a las exigencias de hoy y del futuro, recalcó Toledo Santander.
Por su parte, Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, aclaró que la interdependencia de esas leyes obligará a un análisis al unísono o muy cercano en el tiempo. Una muestra son los anteproyectos del Código Penal y las Leyes de ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad y la de procedimiento penal, subrayó.
El presidente de la comisión permanente de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del Parlamento refirió que el perfeccionamiento de esas y otras normativas implica un proceso complicado, de mucho debate y consenso incluso antes de ser presentadas a los diputados para su análisis. Ningún país ha elaborado un Código Penal en seis meses ni en un año, apuntó.
Los diputados conocieron del arduo trabajo realizado por los grupos pertinentes encargados de elaborar los bosquejos de las leyes mencionadas, además, del Código de contravenciones y otra que deberá tener carácter de decreto y está dedicada a los procesos confiscatorios, vinculada directamente con el enfrentamiento a hechos delictivos y de corrupción.
Denominador común es la alta cifra de documentos analizados, tanto de origen local como convenciones e instrumentos jurídicos internacionales, además de las consultas a decenas de instituciones y directivos.
Se incluye el papel que desempeña la comisión permanente de Asuntos Jurídicos y Constitucionales, la cual, por ejemplo, aportó más de 800 señalamientos a lo que será la Ley de procedimiento penal.
