Un total de 48 familias cubanas han sufrido hasta octubre del 2014 la pérdida de uno de sus miembros como consecuencia de un accidente laboral. Aunque el número implica ocho víctimas menos que en el año anterior , la preocupación no disminuye.
La culminación de la jornada por la seguridad y salud en el trabajo, extendida durante todo el mes de noviembre, no equivale a solapar la atención de este fenómeno, por alentadora que resulte la disminución de 3 mil 407 a 2 mil 646 del número de lesionados.
Al contrario, la ejecución en el primer semestre del año de solo el 43,3 % del presupuesto nacional para comprar medios de protección (por problemas con la oferta disponible en el país y en la calidad y durabilidad de los medios de protección fabricados en Cuba) demuestra que el grado de exposición a riesgos en el ambiente laboral todavía está por encima de lo controlable.
Los accidentes de tránsito, las caídas de alturas, personas atrapadas y golpeadas y el contacto con corriente eléctrica figuran como los sucesos más recurrentes, en un panorama donde el 49 % de las causas se le atribuye a violaciones de reglas y procedimientos por parte del accidentado, mientras el 46% de la responsabilidad recae en directivos que no atendieron su deber de velar por la correcta ejecución de un trabajo.
La reciente promulgación del nuevo Código de Trabajo (con un capítulo íntegro dedicado a este tema ) junto con la firma de los convenios colectivos de trabajo, suponen oportunidades para que la prevención y el conocimiento ganen el pulso de la seguridad en el ambiente profesional.
Actualizados y seguros
Para Odalys Torrens Álvarez, jefa del Departamento de Seguridad y Salud del Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la promulgación de la Ley 116 y su reglamento vino a reforzar la legislación cubana en materia de protección al trabajador.
“La principal virtud que le veo al Código en este asunto es haber integrado regulaciones que andaban muy dispersas y dejado como obligatorias aquellas que realmente tienen que estar en todas las entidades, mientras deja que cada empresa o institución adecue las regulaciones a sus necesidades”, dice.
“Lo otro novedoso es que se han actualizado por distintos organismos rectores de cada actividad los requisitos de seguridad para un grupo de labores”, agrega la funcionaria.
Uno de esos organismos rectores que actualizó procedimientos es el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) donde han debido diseñar reglamentos de seguridad para la minería y el manejo de la electricidad por cualquier organización del país. Según Idalmis Díaz García, funcionaria del MINEM, ya fueron promulgadas las disposiciones y han avanzado de manera notable los seminarios de capacitación a los principales responsables de su extensión por el país; aunque todavía quedan objetivos pendientes.
“Falta tramitar el nombramiento de la Oficina Nacional de Uso Racional de la Energía (Onure) como la entidad controladora del cumplimiento del Manual de Seguridad Eléctrica, pues hasta ahora no tiene capacidad de fiscalización”, expuso ante los participantes al foro de cierre de la jornada de seguridad y salud en el trabajo, en la sede nacional de la Central de Trabajadores de Cuba.
“Queda también por escribir el procedimiento para el cierre de minas, aunque el trabajo que se ha hecho en la clausura de la antigua planta de níquel René Ramos Latour y sus minas, de Nicaro, Holguín, ofrece un modelo para seguir”, abundó.
Retos parecidos enfrenta el Ministerio de Industrias, pues según Leonor Gallardo, experta de la entidad, hasta el 2015 no estarán definidos los centros cubanos con capacidad para certificar los equipos de alto riesgo que hoy se importan y de inmediato se ponen a funcionar.
Pérdidas en la vía: el flagelo mayor
En las calles y carreteras del archipiélago los automóviles de propiedad y uso estatal participan en el 43,9 % de los accidentes de tránsito, además de ocasionar el 43,3 % de los muertos y el 39,2 % de los lesionados.
Esas altas cifras, además de ratificar a los percances viales como motivo primero de accidentes laborales, demuestran también el descontrol y la falta de precaución que prevalece en algunos jefes de entidades en el país. Así lo valoró la teniente coronel Teresa Albentosa Rodríguez, de la Dirección Nacional de Tránsito, del Ministerio del Interior.
“Falta exigencia en el cumplimiento de la revisión técnica de los vehículos (hasta hace unos meses el 60 % de los autos estatales circulaba sin haberla superado) y también se incumplen las recalificaciones, chequeos médicos y psicofisiológicos periódicos que deben realizarse los choferes”, ejemplificó.
Además del control en las carreteras, desde la Dirección de Tránsito adelantan otras decisiones para no dejar solo en las responsabilidades de terceros la contención del flagelo.
“A partir del 31 de enero próximo, para cambiar la categoría de la licencia de conducción, además del examen práctico, se incluirá uno teórico, que de ser desaprobado pondrá en entredicho la capacidad del conductor incluso de mantener la categoría previamente obtenida”, adelantó la teniente coronel.
Precaver es la opción
“La seguridad no puede seguirse viendo como un añadido, o como una exigencia de un inspector. Si una empresa quiere ser eficiente tiene que hacer las cosas bien. Cuando ocurre un accidente de trabajo se para un proceso, se pierde tiempo, y eso afecta la eficiencia”, opina la directora Torrens Álvarez.
En la labor de control que le corresponde también se prioriza la atención a los trabajadores no estatales, un sector que sigue creciendo y que demanda igual labor de prevención y promoción de labores seguras.
“Eso es algo que empezamos a trabajar”, reconoce Torrens. “Estamos elaborando plegables para que se puedan distribuir entre los distintos oficios con mayor riesgo, como los de la construcción o el de manejo de máquinas herramientas; y también viendo cómo colectar la información de lo que pase con esos trabajadores”, asegura.
Trascender el eslogan y pasar a políticas eficientes de seguridad y salud laboral es un cambio de paradigma que se impulsa desde la escala gubernamental. Ahora toca que prenda, para la tranquilidad de familias y colectivos dedicados a producir.
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