Médicos internacionalistas del municipio tunero de Puerto Padre califican como un intento de institucionalizar el caos, la comunicación emitida por la dirección de la Vivienda en esa localidad, la cual exige a 36 profesionales de la salud el pago de los apartamentos otorgados tras el cumplimiento de su misión en la República Bolivariana de Venezuela.
Explica la doctora Maricela Grass Santiesteban en misiva a esta sección y en nombre de sus colegas, que el apelativo lo toman del reportaje Arquitectura de un caos, publicado por Trabajadores el 3 de octubre del 2011, donde ellos manifestaban los problemas constructivos de los inmuebles, situación que hoy es más grave.
En la nueva carta enfatiza: “Desde hace más de cinco años hemos denunciado a través de medios de prensa nacional y provincial la mala calidad en la terminación de la mayoría de los apartamentos…”
Por eso detalla las razones que justifican el rechazo a lo dictaminado: Los “estimulados” sufren con las molestias que ocasionan filtraciones por las cubiertas, cisternas inconclusas, paredes deterioradas, falta de instalaciones hidráulicas y urbanización sin iniciar.
Es obvio que estén indignados y a la vez reclamen respuestas a varias interrogantes: ¿Dónde están los recursos asignados para terminar nuestros apartamentos? ¿Por qué dejaron vencer cada año el presupuesto asignado? ¿Por qué se nos impone pagar la vivienda en solo un año, a dos plazos, con la amenaza de que si no lo hacemos pasamos al sistema de arrendamiento, si las demás personas tienen más de 15 años para hacerlo?
Huelgan los comentarios, pero al menos debemos decir que hacer firme esa decisión constituye una manera burda de aceptar lo mal hecho, la chapucería y quién sabe cuántas arbitrariedades que bien pudieran colindar con delitos. Cinco años es tiempo suficiente para haber dado no solo respuestas —que también han faltado— sino soluciones a esos reclamos.
