El intercambio y los aportes de este evento deberán estar encaminados a cómo mejorar lo que venimos haciendo y tener como principal característica la búsqueda de mayor efectividad, afirmó en La Habana el doctor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, al intervenir en el VIII Taller nacional sobre el control, influencia y atención a personas que cumplen sanción en libertad.
Es una cita concebida como reunión de trabajo, acató al recordar que al igual que en ocasiones anteriores constituye marco propicio para conocer puntos de vistas y consideraciones en el tema que nos ocupa, y tiene como precedente debates similares efectuados en todas las provincias del país y el Municipio Especial de Isla de la Juventud. De manera que lo abordado en esos encuentros territoriales enriquecerá lo que nos proponemos lograr.
Puntualizó que esta actividad surgió ante la necesidad de un sistema efectivo para coordinar e integrar las acciones de control, influencia y atención sobre las personas que extinguen sanciones penales en libertad o medidas de seguridad predelictivas que no implican internamiento, y los sancionados a penas de prisión que han recibido beneficios de excarcelación anticipada.
Aunque hay resultados a lo largo de estos años, también en la práctica se manifiestan dificultades y no siempre existe control, influencia y atención a esos ciudadanos, expresó.
Un elemento que entorpece es la burocracia y el esquematismo en el trabajo de control realizado por jueces, asistentes judiciales y el resto de los intervinientes; así como la autorización de traslados a otros territorios sin que se acredite el cambio de dirección, entre otras cuestiones.
De acuerdo con Silvera Martínez, del total de controlados aptos para trabajar, el 97, 9 % se ha incorporado a algún puesto.
Remigio Ferro subrayó que si bien uno de los conceptos básicos de esta actividad es que la misión fundamental corresponde a los tribunales, no es ni puede ser solamente de esas instancias, pues precisa del esfuerzo coherentemente concertado de las instituciones sociales y organismos estatales implicados con acciones directas, intencionadas y eficaces sobre esas personas.
Durante el Taller se informó que entre los aportes de esta experiencia figuran la disminución del número de personas en prisión como resultado de mayor confianza en la utilización de las penas alternativas a la privación de libertad y los beneficios de excarcelación anticipada.
La mayoría de los controlados extingue satisfactoriamente su situación penal, con lo cual se reduce sustancialmente el costo económico. Del total de controlados aptos para trabajar, cerca del 98 % se ha incorporado a algún puesto.
La apertura del evento estuvo presidida, además, por José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídico del Parlamento cubano; Oscar Silveira Martínez, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular; y los generales de brigada Adalberto Rabeiro García y Marcos Hérnandez.
