“Si yo pago impuestos la calle debería estar mejor asfaltada”, le escuché decir a un chofer particular hace pocos días, en una frase que comienza a repetirse con otros matices y temas entre un número creciente de cubanos.
Esta naciente percepción de igualdad en deberes y derechos entre los individuos y ese ente impersonalizado que suele ser la administración pública, es también resultado de un mayor interés de las personas por las decisiones económicas, en saber a dónde va a parar el dinero que producen con notables esfuerzos.
Atender pensamientos así puede ofrecer un prometedor camino de participación, una vía de empoderamiento de la ciudadanía, que logre otra forma de compromiso en la construcción del proyecto socialista al que aspiramos.
Los datos más recientes sobre la captación de ingresos al presupuesto del país demuestran que el valor del aporte del sector privado o cooperativo todavía es ínfimo. Por tanto, corre a cargo de los recursos generados por entidades estatales el financiamiento de nuestros sistemas de asistencia social, educación, salud y los subsidios para la cultura, el deporte y lo que queda de la libreta de abastecimientos, entre otros destinos.
Según el Glosario de términos de la Ley 113 (del Sistema Tributario) el impuesto es un tributo exigido al obligado a su pago, sin contraprestación específica. La contribución, por su parte, es un tributo para un destino específico, que beneficia directa o indirectamente al obligado a su pago; y que en Cuba se destina a la seguridad social y al desarrollo territorial.
Por el pago de la tasa, quien tributa recibe una contraprestación en servicio o actividad; por ejemplo, lo cobrado por peaje, servicio de aeropuertos y radicación de anuncios comerciales.
Saber con claridad qué es cada uno de esos tributos y sufragarlos cuando corresponda es el primer paso para discutir cualquier “corresponsabilidad” social que pretendamos establecer.
En sus informes ante la Asamblea Nacional, el Ministerio de Finanzas y Precios ha recalcado que todos los aportes de las formas de gestión no estatal de la economía se destinan a los presupuestos locales. Recordemos también que el precio de los materiales de construcción vendidos en las tiendas y mercados del Ministerio de Comercio Interior incluye un 40 % de aporte a la cuenta que luego se distribuye como subsidio para acciones constructivas de las personas de menos capacidad adquisitiva.
Ambas decisiones constituyen formas de redistribuir los ingresos, de buscar que quienes más ingresan apoyen la satisfacción de necesidades en la comunidad donde viven.
Pero lo que indica también el surgimiento de una nueva idea de lo que “me toca hacer” y lo que “espero que hagan en consecuencia” es la necesidad de complementar el fomento de una cultura de la responsabilidad social del contribuyente con el manejo transparente de esos recursos.
Una mayor participación de la ciudadanía en la definición del uso de “sus dineros” (no solo a través de los delegados de circunscripción) y una más proactiva rendición de cuenta de los presupuestos territoriales y nacionales, serían dos maneras de tender puentes para la construcción del nuevo consenso en el país.
Pensamientos como el del taxista empiezan a leer intuitivamente el funcionamiento económico de nuestra sociedad en términos de un pacto social. El respeto a un orden se basa en reglas de juego claramente establecidas, y por eso, aunque apenas destella, conviene evaluar cómo pensarnos según esos códigos, para seguir pisando con fuerza este camino que apenas comenzamos a transitar.
