Como su nombre lo indica, los impuestos no son voluntarios ni se deciden por mayoría simple de votos o mediante un idílico —e impracticable— convencimiento de cada contribuyente, uno por uno.
El hecho imponible y los montos de los distintos gravámenes responden a una política económica concreta y a las necesidades financieras del presupuesto del Estado, y aunque el diseño de la legislación tributaria pueda y deba ser más participativo, luego de su promulgación lo que corresponde no es discutir las reglas, sino cumplirlas.
Esto pudiera parecernos duro, pero es así en cualquier parte del mundo, gústele a quien le guste, y pésele a quien le pese.
No obstante, la implementación gradual en Cuba de la Ley No. 113 del Sistema Tributario, que entró en vigor en enero del año pasado, permite que todas las partes involucradas en su cumplimiento incorporen esa cultura de forma progresiva, a la vez que la administración fiscal diseña y ajusta poco a poco los mecanismos y procedimientos requeridos para aplicar las nuevas normas jurídicas con la mayor equidad, eficacia y justicia alcanzables.
Como parte de ese indispensable proceso de aprendizaje, hay una amplia gama de matices en las relaciones entre el fisco y los contribuyentes, donde no solo es posible, sino muy deseable, una comunicación activa, la exigencia recíproca y la negociación de las condiciones y términos para conseguir que la tributación sea lo más efectiva para toda la sociedad.
Es en ese terreno donde más puede contribuir el movimiento sindical, como representante de los trabajadores que tienen obligaciones tributarias y también de quienes reciben los beneficios colectivos e individuales de tales aportes, a través de las políticas y servicios públicos que financia el presupuesto estatal.
En el vínculo con los consejos de la administración municipal y provincial, los organismos rectores de cada actividad económica y la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (Onat), es fértil la labor que podría desempeñar el sindicato para favorecer el buen funcionamiento del sistema fiscal.
Dentro del marco establecido por la Ley, mucho hay que avanzar, por ejemplo, en la diferenciación de la capacidad económica por territorio, contribuyente o grupo de ellos; en el perfeccionamiento de los estimados y presunciones sobre sus ingresos y gastos; en el seguimiento de la disciplina de pago en la cantidad y los plazos previstos, en la profundidad y exactitud de las fiscalizaciones o inspecciones tributarias, entre otros elementos.
Además es imprescindible en la defensa del trabajador contribuyente —estatal o no estatal— que el sindicato abogue y presione para que los organismos rectores de cada actividad y la Onat garanticen una mejor información y servicios fiscales con mayor dinamismo, claridad y eficiencia, sin burocratismos, malos tratos o costos adicionales en tiempo o dinero para quienes solicitan determinado trámite.
Y esta interacción de los dirigentes y las secciones sindicales con esta realidad social emergente y cambiante debe tener en su base, por supuesto, el estudio y la capacitación alrededor de los temas fiscales y otras legislaciones que inciden en la gestión de trabajadores por cuenta propia, arrendadores, transportistas, empleados en las cooperativas, usufructuarios de tierra u otros actores económicos, pero también tiene que partir de la exigencia a todos los afiliados para que asuman sus derechos y deberes con el civismo que requiere esta novedosa y enaltecedora condición de ser contribuyente.
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