Desde que le entregaron el equipo presentó los documentos en su centro y comenzaron a descontarle de la nómina el dinero para pagarlo. Todo transcurrió sin contratiempos hasta que en julio del 2013 se acogió a la jubilación.
Al presentarse en el banco con su chequera para abonar la suma correspondiente, le comunicaron que no podía, pues computaba un atraso en la amortización de la deuda desde febrero del 2009.
“Solo aparecían los descuentos en marzo del 2010 y junio del 2011, mientras que en diciembre del 2012 me habían declarado fallecida”, señala en su carta.
Al acudir a la empresa, la contadora le manifestó que “ese no era su problema” y le impidieron reunirse con algún directivo. No fue hasta enero del presente año que María Dolores logró entrevistarse con la directora, quien desconocía lo ocurrido y exigió a la contadora resolver el asunto y darle una respuesta en 72 horas.
Esta última explicó que “la muchachita que llevaba la nómina había tenido reiterados errores en relación con ese tema y la despidieron”.
Luego de varias gestiones la remitente llegó a la filial de la Fiscalía General de la República en el municipio de Guantánamo, donde le indicaron cómo debía proceder.
“Tuve que pagar la deuda al banco, desde el 2009 hasta mayo del 2013, un importe que ascendió a 5 mil 486.40 pesos, con un recargo de 611.78 pesos; además de contratar los servicios del abogado, por 375 pesos”, refiere.
Cuenta que la erogación de tal cantidad de dinero afectó sobremanera la economía familiar, pues su esposo está postrado y su hija mayor tiene problemas mentales, es epiléptica esquizofrénica agresiva.
Precisa que al proceso judicial realizado por el Tribunal municipal no asistieron los compañeros de la empresa y cuando ella expuso su caso, en la audiencia quedaron asombrados.
Sin embargo ya han transcurrido más de cuatro meses de la vista y María Dolores sigue esperando el resultado del proceso. Por nuestra parte también aguardamos que esta lectora reciba un veredicto justo y recupere el dinero que pagó por error de otro.
