Como se ha afirmado muchas veces, la participación de los trabajadores en el control interno resulta esencial desde todos los puntos de vista.
En ocasiones se piensa que ese importante método, que tiene como propósito esencial garantizar que los recursos sean bien utilizados y no ocurran delitos y actos de corrupción, corresponde solo a los directivos y equipos de contabilidad de las entidades. Craso error.
Los integrantes de cada colectivo, con la dirección sindical al frente, deben ejercer el derecho legítimo que les corresponde y evidenciar, con una adecuada actitud diaria, que nada les resulta ajeno en el radio de acción en el cual se desenvuelven. Cuentan, además, con la posibilidad de evaluar tan importante asunto en las asambleas mensuales de afiliados.
Existen los instrumentos para materializar un adecuado control interno que deben ser conocidos y dominados por los trabajadores, como la guía que pauta cada acción y detalles a ejecutar. Pero lo más valedero es la conciencia de que los recursos materiales y financieros deben ser preservados de manera adecuada.
¿Cuántas auditorías comprueban que no existe adecuado control interno y quienes laboran en ese centro se “desayunan” con la información final y la sugerencia de aplicar medidas disciplinarias? Cuando eso ocurre es porque falló evidentemente la tan sugerida y reclamada acción colectiva.
Gladys Bejerano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y contralora general de la República, al intervenir con motivo de la rendición de cuenta de ese organismo a la Asamblea Nacional del Poder Popular, insistió en la significación que tiene el desarrollo de una reunión en la cual se informe a los trabajadores los resultados finales de las acciones de control, pues ella favorece la profundización en las causas, contribuye a la educación económica y propicia la participación de ellos en la prevención, la vigilancia y la materialización de lo legislado y orientado al respecto.
El tema, por su notable trascendencia, también estuvo presente en los análisis efectuados por los delegados e invitados al XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
Por ejemplo, en la comisión que consideró el funcionamiento del sindicato se adoptó el acuerdo siguiente: “Perfeccionar el desarrollo de las asambleas de afiliados y de representantes, como el espacio donde los trabajadores ejercen sus derechos constitucionales, laborales y sindicales, participan en la gestión económica del centro y asumen compromisos para cumplir sus obligaciones y expresan sus preocupaciones y propuestas sobre aquellos asuntos que les interesan o afectan”.
Y los participantes en la que evaluó la batalla por la eficiencia económica acordaron: “Prestar especial atención al estado del control interno y en él a la certificación de la contabilidad, el comportamiento del ciclo de los cobros y pagos, los gastos e ingresos, el fortalecimiento de las acciones en cada colectivo y el dominio de las normas e índices de consumo para el ahorro, la calidad de la producción, los servicios y la docencia a través de la participación efectiva de los dirigentes sindicales y trabajadores en la gestión económica de las entidades”.
Como puede apreciarse, en el plano teórico y conceptual todo está definido. Sin embargo, “el paraguas se traba” en la práctica, en el diarismo, signado en demasía por cierta apatía alejada del espíritu combativo que debe caracterizar a cada colectivo laboral, donde los trabajadores prevengan, vigilen y exijan porque apliquen consecuentemente lo legislado, funcione el control interno y los recursos siempre tomen el camino para el cual están destinados.
Me atrevería a decir que un asunto como ese tiene carácter estratégico, pues una sociedad que se deje minar por la corrupción y el delito está signada al fracaso y esa consecuencia es totalmente contraproducente con lo logrado en tantos años de esfuerzo, lucha y batallas contra no pocos “molinos de viento” y con las aspiraciones de lograr un socialismo próspero y sostenible.
En una entrevista concedida a este semanario, la Contralora General afirmó: “También debe fortalecerse el derecho que ellos (los trabajadores) tienen de exigir y que la administración les rinda cuenta periódicamente, pero no de forma general, sino que propicie el análisis a fondo de los problemas fundamentales y facilite la participación activa con sus ideas, criterios, iniciativas y exigencias. Y eso permitiría, además, aprovechar todo el potencial existente en los recursos humanos”.
