Por: José Jasán Nieves
El desconocimiento de las normas legales y el facilismo interfieren con excesiva frecuencia en el trabajo de los innovadores y racionalizadores cubanos, un movimiento de técnicos y especialistas que mantienen en funcionamiento sectores neurálgicos del país como el de la generación eléctrica, la refinación de combustible o la extracción minera.
Así lo hicieron notar varios miembros de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir) durante un intercambio con los máximos directivos del Ministerio de Energía y Minas y el vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa.
“Cada cambio de administración implica empezar de cero con los nuevos directivos, a quienes toca educar en el manejo de la Ley 38 y demostrarles que no deben temer al uso de los recursos destinados a estimular la creatividad de los trabajadores”, argumentó Miguel Ferro Gedich, representante de la Empresa de Generación Distribuida, en La Habana.
“Compartimos la propuesta de pedir una actualización de las normas legales que regulan estas iniciativas, pero mientras esa decisión llega hay que exigir que se cumpla lo dispuesto y así mejorar la situación de los aniristas en todos los centros laborales”, agregó.
La práctica de las administraciones de “no buscarse enredos” contables y financieros evaluando el efecto “social” de una innovación y no su impacto “económico”, también fue criticada por los participantes. Al tratarse el primero de un procedimiento mucho más sencillo y de menor cuantía monetaria se suele aplicar con mucha frecuencia por dirigentes “facilistas” que desestimulan así la creación de soluciones en los propios centros laborales.
“Cuando un trabajador sabe que la pieza que arregló puede costarle a la empresa miles de dólares y él apenas percibe por ello unos pocos pesos se disgusta y pierde interés en esforzarse otra vez”, comentó Agustín Alonso González, delegado por la refinería de petróleo, Ñico López, de la capital del país.
De acuerdo con la legislación cubana, el 20 % del valor calculado de una innovación puede destinarse a retribuir a los autores y sus colegas, pagándoles una bonificación, comprándoles regalos e incluso invirtiendo en la mejoría de condiciones del puesto laboral. El otro 80 % del valor calculado engrosa las finanzas de la entidad.
Tal lógica no fue cuestionada en el intercambio de opiniones, sino las recurrentes trabas al uso del llamado “20 por ciento”. “Si la ley dice claramente lo que cada colectivo puede hacer con su dinero, ¿por qué todavía debemos seguir esperando por autorizaciones de organismos ‘superiores’ para usarlo?”, se preguntó Raúl Sánchez, obrero en la base central de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (Emce).
Para el Ministro del sector, Alfredo López, la mayoría de los criterios expuestos poseen rápida solución y solo requieren de firmeza en la voluntad de superar viejos esquemas burocráticos que entorpecen la inventiva en un ramo cuyas roturas comprometen el funcionamiento mismo del país.
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