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Por Odette Díaz Fumero y Yimel Díaz Malmierca
Frente a los múltiples fenómenos y consecuencias que la globalización ha generado, la cultura e identidades de los pueblos originarios de América emergen cada día con más fuerza. Sus formas de hacer y de pensar definen hoy los rumbos de sociedades y naciones que 500 años después del violento proceso colonizador continúan luchando por alcanzar su verdadera independencia.
La extrema pobreza, la exclusión, la marginalidad, la falta de instrucción y otros males son frecuentes entre los más de 50 millones de personas que actualmente integran los llamados pueblos originarios, cifra que representa alrededor del 10% de la población total del subcontinente.
En Perú y Guatemala son casi la mitad de la población. En Bolivia casi el 62 %, mientras que en México vive (probablemente junto con Perú) la mayor cantidad de indígenas en términos absolutos: unos 11 millones. Ese espectro regional se atomiza además en etnias y comunidades diversas. Solo desde el punto de vista lingüístico, se habla de más de 400 grupos.
No obstante lo segmentado del panorama, se percibe hoy un renacer de las identidades locales. Algunas históricamente subordinadas, reclaman no solo reconocimiento y justicia, sino también el derecho al poder político. Tiempo les tomó decodificar el juego de la “democracia a lo occidental” pero una vez dominadas las cartas, aspiran a triunfar.
Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución sobre el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (2005-2014) —el primero había sido entre 1994-2005—, reafirmaba el “derecho a la participación plena y efectiva (…) en las decisiones que afectan directa o indirectamente sus estilos de vida, tierras tradicionales y territorios, su integridad cultural como pueblos indígenas (…)”. (*)
En las últimas décadas las Américas han vivido cambios jurídicos, políticos y culturales que algunos analistas consideran como el inicio de la reversión de la exclusión histórica de los pueblos originarios.
“Los movimientos indígenas latinoamericanos (…) —escribió la intelectual mexicana Lourdes Arizpe Schlosser— son los hacedores del nuevo pensamiento social basado en los viejos y nuevos saberes culturales que hoy están transformando la realidad socio-política y geocultural de América Latina y, afirmando a la vez, sus raíces y su cosmovisión en el sistema mundial”.
En este sentido, esas culturas han aderezado el debate que acerca de los conceptos Estado y nación han proliferado a la luz del desarrollo de las ciencias sociales en la región.
“Queremos un mundo donde quepan muchos mundos” fue una de las demandas del enigmático subcomandante Marcos, vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) poco después de aquel 1 de enero de 1994 en que un grupo de “indios encapuchados” tomó el centro histórico de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México.
Años después Evo Morales —primer presidente que además de la apariencia indígena (tez cobriza y cabello negro lacio) habla y entiende aimara— se ha convertido en una expresión del potencial creativo de esa cultura.
Innegable es además que los partidos cuya base descansa en comunidades indígenas, han traído a la agenda política de sus naciones temas como el valor de la diversidad cultural; el problema de la discriminación; la necesidad de la autonomía de organizaciones de la sociedad civil. Han creado modelos más transparentes y democráticos empleando la participación y el consenso. El éxito de algunos de ellos ha favorecido la inclusión de figuras vinculadas a esos pueblos, y sus demandas, en los partidos tradicionales.
Al activismo indígena hay que reconocer además (aunque no en exclusiva) la huella dejada en la jurisprudencia regional para llegar a construir lo que algunos han calificado como “constitucionalismo multicultural” (**). Vale recordar la ola de reformas constitucionales iniciada en 1987 que no siempre mejoraron la calidad de vida de los indígenas, pero al menos fue un paso.
Entre esas reformas podrían recordarse las de Argentina (1994); Bolivia (1994, 2004, 2008); Brasil (1988/2005); Colombia (1991, 2003); Costa Rica (1999); Ecuador (1996, 1998, 2008); El Salvador (1983/2000); Guatemala (1985/1998); Honduras (1982/2005); México (1992, 1994/1995, 2001); Nicaragua (1987, 1995, 2005); Panamá (1972, 1983, 1994); Perú (1993, 2005); Paraguay (1992); y Venezuela (1999, 2007).
“En la civilización precolombina el hombre es parte integrante e indisoluble del cosmos y su realización plena consiste en ajustarse armónicamente al orden universal de la naturaleza. El hombre es naturaleza; no domina ni pretende dominar: convive, existe en la naturaleza, como un momento de ella”. Esas palabras del etnólogo mexicano Bonfil Batalla quedaron refrendadas en la Constitución ecuatoriana del 2008 en un capítulo inédito en la jurisprudencia mundial.
Pero ni decretos ni leyes conducen al mejoramiento automático de la calidad de vida un pueblo. Es preciso juntar voluntades e inteligencias, aquellas que otrora hicieron de América una de las civilizaciones más desarrolladas del mundo.
* Ferrán Carrero, en artículo Ejercer derechos, refundar el Estado. Cómo los indígenas amplían la ciudadanía
** Constitucionalismo multicultural: cuando aparecen en una Constitución tres o más de los elementos siguientes: (i) reconocimiento formal de la naturaleza multicultural de las sociedades y la existencia de pueblos indígenas como colectivos sociales subestatales distintos; (ii) reconocimiento de la ley consuetudinaria indígena como oficial y como derecho público; (iii) reconocimiento de los derechos de propiedad colectiva y restricciones a la alienación y división de las tierras comunales; (iv) estatus oficial o reconocimiento de lenguas indígenas; y (v) garantía de una educación bilingüe (Van Cott, Donna Lee The friendly liquidation of the past. The politics of diversity in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburg Press.
