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Lo que mucho puede alcanzarse con el concurso popular, lo que la gente aporta si bien se le convoca, y se le incluye en la toma de decisiones, tuvo en Matanzas momento cumbre cuatro décadas atrás con la decisión de elegirla laboratorio del complejo ejercicio político y social que supuso la creación de los Órganos del Poder Popular.
El trascendental proceso que finalizó con la constitución de la Asamblea Provincial precisamente el 21 de julio de 1974, se recuerda en predios yumurinos desde el orgullo de haber iniciado la institucionalización del Estado, desempeño que mereció los elogios de Fidel, quien ponderara las contribuciones del pueblo matancero para en 1976 ampliar la experiencia de forma eficaz al territorio nacional.
Desde su fecha fundacional hasta hoy, un perfeccionamiento continuo rige la práctica del sistema de Gobierno, en esa vital necesidad de que el Poder Popular se parezca más a esta Cuba, en la pretensión insoslayable también del cabal cumplimiento de sus funciones, tal y como se solicitara en el VI Congreso del Partido.
Las transformaciones recientes asociadas al fortalecimiento de estos órganos acontecen en las jóvenes provincias de Artemisa y Mayabeque, un experimento que, entre otros aspectos, propone deslindar funciones estatales de las administrativas, con lo que quedaría resuelto el punto de conflicto en el actuar de las asambleas, que comparten la dualidad de controlar y ejecutar, roles que las vuelven vulnerables en la efectividad de su gestión.
Si la prueba triunfa y como se presume se generaliza, las estructuras del Poder Popular quedarán en condiciones de asumir sin entorpecimientos de esa naturaleza la misión que les corresponde dentro del sistema político, mayor concentración en el control y fiscalización de la materialización de las políticas, y ahora mismo exigir la correcta implementación de los Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y la Revolución.
Sin embargo, cambios más, cambios menos, estos 40 años enseñan también cuánto falta por ganar en la relación entre delegados y direcciones de las asambleas, alianza estratégica para que los representantes de circunscripciones ejerzan gobierno en las comunidades, justo allí donde acontece la cotidianidad cubana.
La posibilidad de que hombres y mujeres trasciendan en su demarcación suele verse tristemente influenciada lo mismo por la carencia de argumentos para conducir las esenciales rendiciones de cuenta que siguen desaprovechándose, inadecuada tramitación de planteamientos o la no concertación de mecanismos que resuelvan problemas locales desde la participación colectiva.
Aunque en Cuba ejemplos existen de delegados y presidentes de consejos populares con prestigio bien granjeado, del otro lado de esas propias comunidades abundan otros cuya labor se entorpece por la tendencia de ciertos cuadros administrativos que desautorizan el mandato que les fuera otorgado en la Ley Electoral.
En los últimos meses, en intercambios con diputados, las asambleas provinciales y directivos de empresas, el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo Hernández, ha insistido en la importancia de que los consejos populares hagan valer las atribuciones estipuladas en la Ley 91, que los inviste de totales facultades para actuar como auténticos órganos locales.
Pese a tal legitimidad, las reconocidas como células básicas del sistema del Poder Popular no consiguen todavía que su buen desempeño sea la regla. Quizás por eso en algún rincón de Cuba continúen escuchándose voces inconformes por los repetidos fallos en unidades de prestación de servicios, situaciones perjudiciales para el normal desenvolvimiento de la vida en los barrios y que precisan del concurso de la población toda, lidereada, por sus elegidos.
Para ser justos, habría que admitir, además, que si algo en 40 años ha puesto en entredicho la figura del delegado es el comentario popular de que nada resuelve, de que nada material concede, un concepto que niega la intermediación que le está asignada entre electores y entidades estatales, y su propia labor en las asambleas municipales, como representantes de quienes votaron por ellos.
Si algo pudiera elevar el prestigio de estos actores sociales sería el acompañamiento desde las asambleas provinciales para que los planes de la economía definitivamente incluyan los planteamientos de la población, un aspecto aún endeble y que habrá que continuar demandando, porque al fin y al cabo de la eficiencia del Poder Popular depende en igual medida la eficiencia del país. El Estado lo precisa, su gente también.
