Cargando...
Francisco Rodríguez Cruz y Ariadna Andrea Pérez Valdés
El estado del proceso de unificación monetaria y cambiaria, así como la política para el perfeccionamiento de la empresa estatal, y el posible impacto de ambos asuntos sobre la población y el ingreso de los trabajadores, fueron temas centrales abordados este sábado en el Parlamento cubano.
Al exponer el estado de la implementación de los lineamientos de la política económica y social, Marino Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de Ministro, explicó los avances en la definición de las bases para el programa de desarrollo económico y social a largo plazo, hasta el 2030, con énfasis en la necesidad de lograr ritmos de crecimiento económico más altos.
“Debemos acabar de solucionar el tema de la dualidad monetaria y cambiaria, pero esto por sí solo no resolverá los problemas de la economía cubana. La unificación no es una varita mágica, y no aumentará la capacidad adquisitiva del salario, esto sucederá en la medida en que la economía real cree más riquezas”, reiteró el jefe de la comisión para la implementación de los lineamientos de la política económica y social del país.
“Los precios minoristas se mantendrán igual que hoy y la capacidad de compra del dinero en ambas monedas que poseen las personas no se verá afectada”, aclaró, al ejemplificar con la experiencia ya en marcha de permitir la compra en un grupo de tiendas tanto en pesos cubanos como convertibles.
Informó además que se han otorgado más de 272 mil créditos a la población, por un monto de 2 mil 480 millones de pesos, de lo cual el 61% se han solicitado para realizar acciones constructivas de rehabilitación de viviendas.
En relación con la aplicación de la Ley de Inversión Extranjera, puntualizó que está en fase de elaboración y conformación la cartera de proyectos listos para negociar con los posibles socios en las diferentes ramas.
Explicó que 20 organismos de la administración central del Estado ya tienen aprobados el diseño de su perfeccionamiento, y están en distintas etapas de su aplicación, que busca separar las funciones estatales de las empresariales, ganar en coherencia y reorganizar el sistema empresarial, con una supresión hasta ahora de 22 mil cargos.
Murillo insistió en el proceso gradual de dar facultades y autonomía a las empresas, con mayores responsabilidades. La flexibilización y ampliación del objeto social, la definición del encargo estatal y la fijación de indicadores directivos que miden la eficiencia empresarial, son algunos de esos elementos.
En cuanto al crecimiento de los salarios, explicó que esto será una potestad que dependerá de producir más y con mayor eficiencia, a partir de sistemas de pago por resultados que se aprobarán a nivel de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) o de las propias entidades, con la única restricción de no distribuir más de la riqueza creada, medida por el indicador de gasto de salario por peso de valor agregado.
Actualizó también sobre otras medidas como la creación de cooperativas no agropecuarias, de las cuales hay aprobadas 498, y 249 ya están constituidas. No obstante, admitió que ya existen algunos problemas en su funcionamiento, como la contratación excesiva de fuerza de trabajo, las violaciones de sus reglamentos y otras indisciplinas organizativas y financieras, y los obstáculos creados por empresas estatales que no quieren venderles.
El trabajo por cuenta propia continúa su tendencia creciente, con 467 mil trabajadores en esa modalidad de empleo. También avanza de manera gradual la conversión de alrededor de 13 mil unidades de gastronomía y servicios hacia nuevas formas de gestión no estatal, con más de mil que ya funcionan bajo nuevas reglas en la gastronomía, y de dos mil en los servicios.
Sobre el desarrollo del sector agropecuario, razonó sobre la concentración del grueso de la tierra cultivable en formas de gestión no estatal, y expuso las dificultades todavía presentes en la entrega de tierras ociosas, así como las medidas financieras aplicadas para apoyar a las unidades básicas de producción cooperativa, que empiezan a dar algunos resultados en un grupo de ellas.
Abordó los experimentos para la comercialización de productos agropecuarias en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, con una mejora en el abastecimiento, pero todavía sin un impacto en la reducción de los precios, como se esperaba de la vinculación directa del grueso de los mercados a los productores.
Otro aspecto de interés popular fue el anuncio de una reducción del precio de la venta de gas licuado de forma liberada en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y en la Isla de la Juventud, de 130 a 110 pesos, y de 500 a 400 el arrendamiento del balón, combinado con un ligero incremento en el ciclo de entrega del gas para los clientes que lo reciben normado, con el propósito de buscar un aumento de las ventas.
En relación con la energía, Murillo expuso los planes para variar la matriz de generación y consumo de forma progresiva, de manera que en 2030 el país logre un 24% de energías a partir de fuentes renovables. Para esto hay un plan de inversiones que prevé la instalación de bioléctricas, parques eólicos, paneles solares e hidroenergía, por un monto de 3 mil 700 millones de dólares.
