A ocho meses de implementado, el Decreto Ley 310 ha permitido incrementar la celeridad y calidad de los casos tramitados, afirmó este jueves en La Habana, el Dr. Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP).
Su intervención y la de otros especialistas de ese órgano y de la Fiscalía General de la República ocuparon la jornada matutina de la comisión permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, en su tercer período ordinario de sesiones de la VII Legislatura.
Al hacer una caracterización general de los procesos penales a partir de la puesta en vigor de dicha norma legal, el funcionario refirió que se computa un ligero incremento en la radicación de asuntos penales en las instancias municipales y provinciales, sobre todo las primeras, tal cual estaba previsto.
La ampliación de la competencia de los tribunales municipales a las tipicidades delictivas que tienen previstas sanciones de hasta ocho años de privación de libertad o multas de hasta mil cuotas o ambas, sin duda ha repercutido en una mayor satisfacción para la población, pues se ha acercado a la base todo el proceso legal, incluidas decisiones que antes demoraban excesivamente.
A la par destacó que esos resultados se obtienen sin detrimento en la calidad de la aplicación de la política de sanciones contenidas en el Código Penal, así como con un fortalecimiento de los sistemas de trabajo y de control interno en la actividad judicial. En funciones están más de mil 30 jueces profesionales, y 51 de la instancia provincial fueron trasladados a las municipales con mayor complejidad en sus casos.
La intervención de Remigio Ferro fue precedida de una amplia explicación brindada por Oscar Martínez Silvera, vicepresidente del TSP, quien afirmó que con el mencionado Decreto, la dinámica de la actividad judicial en materia penal está caracterizada en estos momentos por profundas transformaciones, que entre otras, responden a demandas de la ciudadanía.
Como dato interesante significó que en los tribunales se han resuelto casi el 95 % de las solicitudes o trámites.
Igualmente, precisó, se garantiza un servicio judicial de calidad en todas las materias: laboral, civil, familiar, administrativa y económica, además, en la actividad de los jueces de ejecución.
En esta jornada los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos conocieron también acerca de la aplicación del Decreto Ley 313 aprobado a mediados del 2013, relacionado con el depósito, conservación y disposición de los bienes muebles que son ocupados en procesos penales y confiscatorios administrativos.
Darío Delgado, fiscal general de la República, dijo que hay avances, a pesar de las precisiones lógicas que conlleva la implementación de esa nueva norma.
Lo más importante además de alcanzar niveles aceptables en la calidad del proceso penal tanto por los Tribunales como por el Ministerio del Interior, es la sostenibilidad, subrayó.
La licenciada Alina Montesinos, fiscal jefa de procesos penales, sustentó ese planteamiento con cifras, entre ellas la reducción considerable de indicadores tan importantes como la cantidad y el tiempo de expedientes tramitados.
