La falta de exigencia y de voluntad política de las administraciones, han sido reconocidas como causas fundamentales de que unas 40 entidades matanceras incumplan la Ley 38, cuerpo legal contentivo de las erogaciones económicas por el impacto de las innovaciones. Colectivos de elevada relevancia estratégica pertenecientes a los sindicatos de trabajadores del Transporte y Puerto, Azucarero, Agropecuario, Administración Pública, Alimentaria y Pesca, Salud, Comercio y Turismo, figuran en la relación de principales infractores, una situación que debe revertirse por el bien de los aniristas afectados y de sus propios centros laborales.
Los reunidos en la Conferencia Provincial de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir) en Matanzas manifestaron que los dirigentes administrativos son los máximos responsables allí donde todavía se ignora la trascendencia de aportes que sustituyen importaciones, ahorran portadores energéticos, recuperan o mantienen funcionando viejas maquinarias, o introducen mejoras en tecnologías de punta.
Hubo consenso en que el perjudicial asunto tampoco ha sido adecuadamente gestionado por los sindicatos que representan a afiliados de tanta valía, siempre dispuestos a impedir la paralización de una línea productiva y la correspondiente interrupción de puestos laborales; sin embargo, trascendió, no constituye práctica habitual entablar demanda contras las entidades que al no pagarles a los aniristas, se convierten en violadoras de la legalidad.
Aunque Trabajadores no pudo saber la cifra exacta de lo dejado de retribuir, sí se conoció que a 69 millones de pesos asciende el efecto económico de las innovaciones aplicadas en los últimos seis años, cifra que hubiera sido mayor de no existir irregularidades, entre otros, en Transmetro Matanzas, las empresas azucareras René Fraga y México, en la de cultivos varios Lenin, en la agropecuaria Martí o en los hoteles Blau Varadero y Solymar-Arenas Blancas.
Excelente acogida tuvo la explicación del teniente coronel René Gutiérrez González, jefe de Ciencia y Tecnología del Ejército Central, quien aseguró que en las FAR no se viola la Ley 38 porque son los jefes de las unidades encargados de su estricto cumplimiento, y a los cuales se les exige y controla, al más alto nivel, para evitar infracciones, sistema de trabajo que aunque está reglamentado, no se materializa en el sistema empresarial cubano.
Los delegados a la Conferencia Provincial de la Anir eligieron al buró provincial y ratificaron como su presidenta a Bárbara Herrera Zulueta.
