Por Oscar Fernández Estrada*
Si se quiere que la planificación continúe desempeñando un papel rector ante las nuevas condiciones, se requiere una reconfiguración general de sus bases. Los dos primeros Lineamientos del Congreso del Partido solo ofrecen posicionamientos de principios: la economía continuará siendo conducida centralmente por el Estado, aunque los métodos de planificación actuales tienen que transformarse sustancialmente, porque el mercado es un fenómeno objetivo y deberá ser tenido en cuenta.
La forma en que se regulan actualmente los procesos productivos a escala nacional, si bien constituye un esfuerzo por manejar las presiones de los constantes desequilibrios generados por las debilidades estructurales latentes, a su vez se convierte en un factor que atenaza el despliegue pleno de las fuerzas productivas. La concepción de planificación en el modelo actual tiene muchas características que provienen de métodos de economía de guerra, y otros que son deformaciones de la práctica socialista heredada.
El carácter directivo atribuido a la llamada planificación socialista ha supuesto el intento de dirigir directamente desde un centro único una amplia y compleja gama de detalles de la vida económica de la nación. Esto lleva a rigideces insalvables ante la coexistencia de diferentes actores económicos (estatales, cooperativos y privados). La práctica común ha implantado un proceder a través del cual, con el propósito de asegurarse de recursos para llevar a cabo el cumplimiento de las metas asignadas, las unidades de base informan capacidades productivas subestimadas y necesidades de recursos sobredimensionadas. Mientras, los niveles centrales asignan recursos por debajo de lo solicitado y exigen metas superiores a las planificadas por la base.
En la nueva concepción de planificación que se requiere debe predominar una regulación de tipo financiera, cuya superioridad más evidente radica en su capacidad para reducir complejidad y rigidez en los procesos de asignación de recursos. Aun ante las restricciones de oferta que puede presentar nuestra economía, lo que en última instancia determina estas restricciones en la gran mayoría de los renglones es la limitada capacidad financiera para adquirir en el exterior lo que no puede ser producido internamente. Por lo tanto, una nueva noción debería privilegiar el empleo de mecanismos financieros y no materiales para conducir estas actividades.
La generalización de esta práctica, sumada al otorgamiento de plenas facultades a las empresas para su gestión, debe conducir a que los objetivos de desarrollo de largo plazo y sus expresiones en el mediano y corto plazos se traduzcan en el predominio para las empresas de un conjunto de metas financieras como el aporte al Estado por utilidades netas.
En correspondencia con esta lógica, uno de los objetivos sería transitar de manera paulatina a que la asignación de la mayoría de los recursos a lo largo de toda la economía tenga lugar mediante relaciones de mercado, observadas por el Estado y reguladas cuando sea preciso. Una vez que quede liberada la mayoría de los intercambios, el Estado adquiere la responsabilidad de velar porque estos se correspondan con los objetivos centralmente planificados, que habrían sido identificados a través de los balances. Ello se debe garantizar mediante instrumentos fundamentalmente indirectos, con políticas de incentivo, asignaciones presupuestarias y marcos regulatorios flexibles. Afortunadamente, las transformaciones en marcha son, en gran medida, portadoras de este cambio.
*Doctor en Ciencias Económicas
