La reforma tributaria impulsada por la presidenta Michelle Bachelet en Chile se promueve como el pilar de su ambicioso programa social y de una concepción fiscal que tiene como eje la redistribución del ingreso.
En términos financieros, el proyecto busca aumentar la recaudación anual en 8 mil 200 millones de dólares, los cuales se destinarán a sufragar el impulso a la educación pública y gratuita, la salud y otras necesidades sociales, y a liquidar el déficit heredado de la anterior administración.
La cifra equivale a tres puntos del producto interno bruto (PIB) de este país de más de 17 millones de habitantes, que crece a un ritmo anual de 6 por ciento. Los impuestos aportan 80 % de los ingresos del Estado.
Bachelet, quien regresó al poder el 11 de marzo tras gobernar el país entre el 2006 y 2010, asegura que la reforma permitirá a Chile ser una “sociedad cohesionada, democrática y justa” porque ayudará a avanzar en equidad, “mejorando la distribución del ingreso” bajo la premisa de que quienes ganan más, paguen más.
El economista Gonzalo Durán, de la Fundación Sol, explicó a la agencia IPS que “es la primera vez en 30 años que se le cambia la filosofía al sistema de impuestos en Chile, que hasta ahora mantenía implícito que el gravamen es un robo del Estado hacia los que más tienen”.
La reforma precisa que el 2,5 % del PIB provendrá de las modificaciones a la estructura tributaria, especialmente con la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), creado en 1984 por la dictadura del extinto Augusto Pinochet.
El medio punto restante lo aportarán medidas contra la evasión fiscal y la elusión, el uso de resquicios legales para reducir la contribución al fisco. Solo en el impuesto a la renta, se calcula que el escape es del 46 por ciento.
El FUT es un mecanismo muy criticado y único en el mundo que permite a los empresarios y accionistas tributar únicamente por las utilidades que retiren de las compañías, bajo el supuesto de promover el ahorro y la reinversión en ellas. Ha facilitado, además, que en los últimos 30 años dejaran de ingresar a las arcas del Estado casi 270 millones de dólares.
Su eliminación se hará efectiva a partir del 2018, cuando los empresarios y accionistas pasen a pagar impuestos si existieran ganancias, las retiren o no.
El proyecto es fundamental dentro del plan de gobierno de Bachelet, que lo presentó el pasado 31 de marzo. Incluye más de 30 cambios al sistema vigente. Entre los más relevantes se destaca el aumento gradual del impuesto a las empresas, del 20 al 25 por ciento.
Pero también tiene grandes omisiones; por ejemplo, la preservación del impuesto integrado, que en la práctica transforma el monto que pagan las empresas en un adelanto, un prepago al tributo que deben efectuar sus propietarios.
No se modifica el impuesto al valor agregado (IVA), la principal fuente de recaudación tributaria chilena, que en el 2013 aportó el 48,6 % de los ingresos fiscales, seguido por el gravamen a la renta, con 39,5 %, impuesto al consumo que toca a todos por igual y trata similarmente actividades comerciales y derechos básicos, como educación y salud.
La reforma tiene detractores, principalmente de la derecha política y económica. En la vanguardia está la opositora Unión Demócrata Independiente, cuya ofensiva incluye un panfleto con atemorizantes argumentos sobre las consecuencias del proyecto para la clase media.
No obstante, Durán aseguró que en corto plazo los cambios beneficiarán a los chilenos con educación gratuita y de calidad, ya que solo a eso se destinarán dos de los tres puntos del PIB que se espera recaudar.
Los beneficios de una educación gratuita se notarán a largo plazo, pero “el sacarles 8 mil 200 millones de dólares a los más ricos del país y pasarlos al Estado es un aporte importante a la redistribución”, afirmó Durán.
En el Congreso bicameral legislativo, donde se encuentra el proyecto desde el 1º de abril, la alianza gobernante tiene mayoría, así que se estima sea aprobado a mitad de año.
