Con la esperanza de solucionar su problema escribe a Trabajadores la cardenense Riselda María López García, quien se queja porque considera injustas las medidas adoptadas contra ella como trabajadora por cuenta propia.
Todo comenzó, narra, el ocho de febrero, cuando concurrieron a su vivienda dos inspectoras y le solicitaron la documentación autorizándola a vender alimentos. Durante la revisión le señalaron que faltaba la licencia sanitaria, y al mostrárselas alegaron que no era esa y le impusieron una multa de mil 500 pesos.
Riselda expone que al día siguiente acudió a plantear lo ocurrido al policlínico de su área de atención, el José Antonio Echeverría, y en el departamento de Higiene y Epidemiología, le dieron la razón, pues el cartón rojo que presentó a las inspectoras está en regla.
Le explicaron, comenta, que dicho documento fue entregado a los primeros solicitantes de licencia para ejercer como cuentapropistas en la actividad de alimentos y como se acabaron, ahora es de otro tipo.
Con esos argumentos acudió al jefe de los inspectores, quien le dijo que la multa “no se podía quitar porque ese Decreto ley vino cortando cabezas”, si bien reconoció al revisar sus papeles que todos estaban bien. Me planteó que tenia 20 días para apelar, cuando entre otras razones le expresé que nunca incurrí en infracciones, amplía la lectora.
La respuesta a su reclamación fue reducir a la mitad la cuantía de la sanción, con el aviso de acudir a la dirección municipal de Finanzas donde debía establecer un convenio.
Esto no pudo ocurrir de inmediato, pues allí le advirtieron que era imposible aplicarle ese Decreto ya que nunca había sido multada y además, debía subsanar un error en el documento de acuerdo redactado por la jurídica. Esto ocurrió el 10 de abril y a los 13 días todavía estaba sin rectificar, subraya Riselda.
En esta angustiosa espera y decidida por disciplina a pagar la multa confiando en que alguien reconocería la injusticia, cuenta que continuó sus gestiones en el Poder Popular y el Partido de Cárdenas. De este último la enviaron a la dirección municipal de Trabajo, de donde retornó al Partido, del que le indicaron volver a hablar con el director de los inspectores integrales. Este me dijo que cuando estuviera el convenio nos reuniríamos con la técnica de higiene y la directora de Salud, expresa la compañera.
A estas alturas le informaron que la multa a pagar no era de 500 pesos sino de 750. Y al parecer este resultó el detonante para escribir a Buzón abierto, indignada por lo que califica de “peloteo, y falta de respeto y de profesionalidad”.
Con 67 años, se considera extremadamente disciplinada y asegura que siempre ha confiado en el Partido y la Revolución. Y concluye su carta con el pedido de que termine la “pesadilla” vivida desde el 8 de febrero, que la hace sentirse ofendida y humillada.
A esa solicitud nos sumamos, no solo por las incongruencias y fallas en la metodología de trabajo que revelan la queja, sino porque además, la lectora deja entrever en su misiva que situaciones similares ocurren en aquella localidad.
esa multa si yo fuera el jefe de inspección la tendrían que pagar los inspectores por haberse equivocado ellos