Dentro de las disímiles y profundas transformaciones que conlleva la actualización del modelo económico, una de las más evidentes y sensibles por el impacto que tiene en todo el universo laboral, y por consiguiente, en toda la población cubana, es la cuestión del empleo.
Entra así en crisis —en el sentido positivo del término— aquella concepción que privilegiaba, pero también comprometía al Estado como el empleador casi exclusivo de fuerza de trabajo, con garantías que brindaban una enorme y a veces excesiva seguridad a la inmensa mayoría de los trabajadores, en no pocas ocasiones incluso en detrimento de la productividad y la eficiencia económica.
El nuevo impulso al trabajo por cuenta propia, el perfeccionamiento del cooperativismo y su extensión al sector no agropecuario, la política de estímulo a la inversión extranjera en sectores productivos y de servicios, son elementos que comienzan a cambiar el panorama del ámbito laboral, con mayor diversidad de fuentes de empleo.
El sello distintivo de esta creciente pluralidad en las relaciones de trabajo, lo que a nuestro juicio le otorga un carácter innovador para un modelo económico socialista, es que a esa diversificación la acompaña todo un entramado de decisiones políticas y garantías jurídicas para asegurar no solamente el despegue y afianzamiento de estas formas de empleo emergente y su aporte a la economía del país, sino además la igualdad de derechos y las protecciones laborales y sociales básicas de los trabajadores que a ellas se incorporan.
Esta voluntad del Estado de no desentenderse del destino de sus trabajadores, incluso aunque no los emplee ya directamente, tiene su expresión en legislaciones como el nuevo Código de Trabajo o la más reciente Ley de la Inversión Extranjera, o en los regímenes especiales de seguridad social para que ninguna persona quede desprotegida.
No obstante, en este reacomodo de la fuerza laboral paralelo al aprendizaje sobre nuevas formas de gestión, resulta esencial el papel del movimiento sindical como representante de los trabajadores para la defensa de sus intereses colectivos e individuales, al mismo tiempo que participa en la discusión de las políticas y los procedimientos, y vela por el apego estricto a lo aprobado o alerta para su corrección cuando la práctica indica la necesidad de replantear algún asunto.
Porque un proceso de tal envergadura que involucra a cientos de miles de personas y sus familias —alrededor de una cuarta parte de los trabajadores ya hoy laboran en formas no estatales de empleo, proporción que debe ir en aumento, en cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social— no transcurre sin contradicciones y conflictos, e incluso hasta con posibles errores en su implementación.
Y aunque en el imaginario social quizás todavía predomine durante un tiempo la meta del empleo estatal como la máxima aspiración de una parte de nuestros trabajadores, por la seguridad y estabilidad que este representa, son también muy evidentes los beneficios y satisfacciones que las nuevas formas de empleo ya reportan a muchas personas y sus familias, quienes las ven como una oportunidad para el emprendimiento, la independencia económica y la realización individual.
En este tránsito es esencial la contribución y el apoyo de nuestros sindicatos, que tienen la responsabilidad de aprehender las dinámicas y problemas inherentes a estas nuevas variantes de empleo, cuya naturaleza es bien distinta al tradicional vínculo con una administración estatal, para poder afiliar, organizar y liderear a esta importante membresía.
Todo ello, sin duda, hace más rico e interesante el comportamiento del empleo en Cuba, y relanza con nuevos conceptos y procederes las relaciones laborales en el país, incluyendo los contenidos y propósitos de la labor sindical, en un amanecer que —parafraseando el título de aquella película soviética— ya no es aquí tan apacible.
