Por Odette Díaz Fumero, estudiante de Periodismo
El Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet consta de tres reformas estructurales que permitirán hacer las transformaciones requeridas para que Chile sea un país más justo, equitativo e inclusivo.
Hoy existe un consenso en buena parte de los sectores políticos, sociales, académicos e incluso en el mundo empresarial, por lo que, tal como plantea la mandataría, ha llegado el momento de hacer cambios significativos en la estructura tributaria de esta nación. Esto es una buena noticia para Chile y allana el camino hacia la posibilidad de colocar el bien común delante de los intereses particulares, una tarea nada fácil en la nación suramericana.
La reforma permite pensar a los chilenos en un nuevo contrato social, en el cual la justicia y la equidad son valores que toman forma y contenido en el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan por un mejor país. La aspiración planteada es hacer del interés colectivo una prioridad, entendiéndose que la educación es el motor de la movilidad social, que premia el esfuerzo, y hace que el futuro no dependa solo de la cuna donde nacieron.
Es evidente cómo la ciudadanía se ha movilizado, adquiriendo mayor protagonismo en las decisiones y en el rumbo de la política, exigiendo mayor participación y derechos.
De acuerdo a lo expuesto por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, el patrimonio fiscal que se ha construido posibilita un programa de Gobierno que en régimen cuesta 15 mil 100 millones dólares, y esperan que la reforma tributaria recaude 8 mil 200 millones, equivalentes al 3 % del PIB.
En líneas generales, la iniciativa propone aumentar el impuesto a las empresas entre un 20 a un 25 por ciento. Este incremento propicia acercar a Chile a la carga tributaria de los países desarrollados.
También se ha hablado mucho de la eliminación del llamado FUT y es importante saber que es un mecanismo único en el mundo, que permite a los dueños de las empresas tributar solo por las utilidades retiradas y no por el total de las utilidades generadas por sus empresas.
Estos objetivos propuestos son muy claros y precisos, conocidos por todos, y forman parte del programa de Gobierno, que la ciudadanía apoyó de manera mayoritaria; son entonces ellos quienes legitimaron esta propuesta en las urnas, que es el mejor mecanismo democrático para validar las transformaciones profundas que se deben efectuar.
Esta reforma busca generar condiciones tributarias más equitativas entre las personas y las empresas, aumentando el impuesto a estas últimas y rebajándolo a los ciudadanos. De igual forma, busca recaudar el financiamiento necesario para la reforma educacional, eje clave para tener una nación que dé oportunidades, independiente de la situación económica de cada cual.
Abril será el mes en el que se inicie un proceso deliberativo en el Congreso, al cual están invitados todos los actores a participar, enriqueciendo la discusión con las diversas miradas que legítimamente sostienen los distintos sectores la sociedad chilena.
