Por: René Camilo García Rivera, estudiante de Periodismo
El juez Said Yusef es un hombre grueso de mediana edad y piel tostada, como la mayoría de los egipcios. Desde hace años trabaja en un juzgado de la sureña provincia de Minya; sus colegas del gremio lo identifican por la extrema severidad. Cuentan que condenó a 30 años de cárcel a alguien solo por robar varios vestidos de un comercio.
El 24 de marzo se levantó temprano como todos los días, se afeitó la barba incipiente y apresuró el desayuno. Condujo el automóvil hasta el tribunal; al llegar se secó el sudor de la frente con un pañuelo blanco —por esta época hace casi 40 grados en Egipto—. En pocos minutos, y tras solo dos días de juicio, condenará a morir en la horca a más de 500 personas.
Sobre los acusados pesan los cargos de incitación a la violencia, asesinato del subdirector de una comisaría, asalto a un cuartel policial y destrucción de propiedades públicas y privadas.
En las sesiones anteriores el juez Said no dejó argumentar a la defensa, tampoco leyó la lista de acusados uno por uno, ni tan siquiera declaró los cargos específicos contra cada cual. Sin embargo, no le tembló la mano —o la voz— para dictar la fatídica condena contra 529 miembros y simpatizantes de la organización opositora Hermanos Musulmanes; entre los primeros, el otrora presidente Mohamed Mursi.
Esta misma semana, un par de días después, el ministro de defensa y “hombre fuerte” del Ejército, Abdel Fattah al-Sisi, se postuló oficialmente como candidato para las elecciones presidenciales a celebrarse en fecha por definir. ¿Pura casualidad la cercanía de ambos sucesos?
Hasta hace poco, la Hermandad constituía la fuerza dominante en la política egipcia, pero tras el golpe militar ejecutado por al-Sisi en julio último ha sido relegada mediante la represión. Más de mil 400 simpatizantes han muerto a manos de las autoridades, los encarcelamientos se cuentan por decenas de miles. Así, el futuro de los condenados parece dirimirse más bien por el vaivén de las tensiones políticas de la nación que por la efectividad del poder judicial amparado en las leyes.
Según la legislación egipcia, antes de aplicarse las condenas de muerte debe consultarse la opinión del muftí Shauqi Alam, máxima autoridad religiosa de la nación. Aunque el dictamen no contiene un carácter vinculante, sí influirá notoriamente en el fallo final que dará la Corte el próximo 28 de abril. Solo entonces se aclarará el desenlace de este proceso.
Ante las irregularidades evidentes en el juicio, la comunidad internacional ha reprobado el curso de los acontecimientos. Gamal Eid, un experto jurídico que dirige la Red Árabe para la Información sobre los Derechos Humanos, ha expresado: “Este veredicto, sin precedentes en la historia de Egipto, es una catástrofe, una mascarada y un escándalo que tendrá consecuencias durante años”.
Nasser Amin, miembro del Consejo Nacional para los Derechos Humanos, vaticinó en su cuenta de Twitter que la decisión judicial será “anulada” cuando los recurrentes soliciten volver a ser juzgados. Los Hermanos Musulmanes, por su parte, tildaron el fallo judicial de “nuevo crimen del golpe militar”. En su página oficial, la cofradía señaló que los magistrados egipcios están “sometidos a los militares” y que esta sentencia supone “un hecho sin precedentes en la historia de la justicia”.
El consenso de los especialistas apunta a que las penas serán conmutadas, pues la ejecución de los condenados puede precipitar una nueva crisis que haría ingobernable al país. Los integrantes de la organización que ahora sientan en el banquillo de los acusados exhiben un largo historial de acciones violentas en pro de sus reivindicaciones, por lo que una reacción como esta fragmentaría la sociedad egipcia mucho más de lo que ya está.
En tanto transcurre este controvertido proceso judicial, al magistrado Said Yusef ya le encargaron un nuevo y precipitado juicio contra otros 700 simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, acusados de los mismos cargos que los anteriores, y del que también se dictará sentencia el próximo 28 de abril. Quizás esa mañana, como tantas otras, el adusto juez repita su rutina. Puede que también, rumbo a la corte, seque el sudor de su frente, pero esta vez con un pañuelo rojo.
