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Por estos días España vive jornadas de protestas populares, que comenzaron el pasado 22 de marzo con las Marchas de la Dignidad por calles y plazas céntricas de la capital española exigiendo pan, techo y trabajo. Miles de personas llegaron de diferentes regiones del país y desde el extranjero para exigir el fin de la desigualdad social y económica, así como un cambio de sistema gubernamental. Se calculan unos 2 millones los participantes.
Reportes de prensa consideran que alrededor de 50 jóvenes fueron detenidos este miércoles en la Universidad Complutense de Madrid, durante una jornada de huelga convocada por el sindicato de estudiantes contra la reducción de becas y aumentos de precios aprobados por el gobierno.
Entre tanto, Cataluña se compromete a continuar con el proceso de su soberanía iniciado en la región del noreste de España, a pesar de que el Tribunal Constitucional del Estado anuló la declaración, con la que el Parlamento catalán en el 2013 sentó las bases del referendo independentista programado para el 9 de noviembre del 2014. Mientras, el gobierno central argumenta que se trata de un desafío contra la Constitución.
El ejecutivo catalán ya advirtió que Cataluña podría llegar a una situación como la que vive Ucrania, si no se resuelve el debate independentista que responde a un reclamo mayoritario de su pueblo.
La nación española vive en los últimos años un notorio deterioro social, casi un tercio de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas. Las políticas de ajustes dejan en la calle a miles de personas. El desempleo juvenil ronda el 57 % y se estima que en este sentido el país no se recuperará por el momento.
Estas, entre otras muchas razones hacen que decenas de miles de ciudadanos españoles emigren hoy, sobre todo hacia naciones de América Latina.
