A todos los matices de nuestra cotidianidad llevamos una incultura jurídica que nos desarma. En el papel de trabajador, cliente, usuario de la vía, en fin, diferentes situaciones, quedamos desprovistos de la razón ante un adversario que, “haciendo uso de las facultades que le fueron conferidas”, atenta contra los mandatos legales que protegen nuestros derechos.
Sin embargo, no voy a reflejar en estas líneas el desconocimiento muchas veces voluntario de las leyes; sino la violación de una ordenanza bien conocida en el contexto en que debería ser aplicada: La Ley No. 38 de Innovaciones y Racionalizaciones, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en sesiones ordinarias efectuadas los días 27 y 28 de diciembre de 1982.
La mencionada legislación recoge en ocho capítulos todas las disposiciones que respectan al trabajo creador. Cuestiones sobre intercambios de innovaciones y racionalizaciones, su certificación, los derechos de autor, la nulidad, reclamaciones, entre otras, conforman el documento que respalda incondicionalmente a la membresía de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir).
De acuerdo con la normativa, las administraciones, junto con el sindicato, la Anir y las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ), tienen la obligación de elaborar los planes temáticos en pos de agrupar los problemas que afecten la producción, los servicios y la defensa; la proyección se hará en correspondencia con los planes de desarrollo económico-social anual o quincenal.
La Ley No. 38 define la utilidad de una innovación en la medida en que pueda ser aplicable y reporte impactos a nivel técnico, económico o social; y en su Capítulo III, Sección Cuarta, Artículo 25, especifica que: “El certificado de Innovación o Racionalización implica el reconocimiento de la innovación o racionalización, la paternidad de la misma, el derecho a la remuneración y el derecho exclusivo del Estado sobre ella”.
Según Esperanza Castro Quintero, presidenta de la Anir en el territorio, “pese a las reglamentaciones, entidades de los diferentes sectores violan constantemente lo dispuesto. Así, la empresa agropecuaria Obdulio Morales de Yaguajay, la empresa pecuaria Managuaco, la UEB Trazmec, perteneciente al sector azucarero, la empresa de cemento Siguaney, las UEB de la empresa provincial alimentaria y las direcciones de Salud de todos los municipios, por solo mencionar algunas, incurren en la no evaluación de los trabajos aplicados y, por tanto, resulta imposible proceder a la retribución monetaria justa”.
¿Cuáles son los argumentos de una entidad infractora del pago a sus creadores? ¿Se saben incumplidores de las leyes del país?¿Han medido las consecuencias de infringir una disposición jurídica?¿Qué ha pasado con los violadores del derecho a los trabajadores cuyo ingenio resuelve problemas reales dentro de su centro laboral?
Estas y otras interrogantes permearon el debate de la conferencia municipal de la Anir en Trinidad, primera efectuada en la provincia y que contó con la presencia de representantes de los distintos sectores, de autoridades partidistas, gubernamentales y de la máxima directiva de la organización creadora. Entre análisis y discusiones transcurrió el encuentro devenido escenario de debate, entre otros, para un problema que preocupa a los innovadores de todo el país: la tramitación de sus trabajos.
Las soluciones surgidas del ingenio proletario impiden el paro de industrias con maquinarias obsoletas, lo que garantiza así la marcha de la economía y la fuente de empleo de quienes allí laboran. Y aunque los informes económicos discutidos a todos los niveles excluyan las cifras aportadas por los aniristas, la sustitución de importaciones, el aumento de la productividad y el hecho de que solo Sancti Spíritus tributara más de 16 millones de pesos por efecto económico en 2013, son elementos suficientes para auditar el trabajo de los innovadores y, en consecuencia, pagar un precio justo al talento.
No se trata de supeditar la labor creadora a una remuneración, sino de otorgarle lo que por derecho corresponde al proletario que ha respondido desinteresadamente a las necesidades materiales enfrentadas por el país. La inteligencia e inventiva de los obreros ha sustentado la economía cubana en condiciones adversas, desde un trabajo comprometido, voluntario y miles de veces anónimo.
Sin duda, quien vela por el cumplimiento de la ley deberá arreciar el control, pero los propios trabajadores tienen las herramientas para ejercer su defensa y cambiar la realidad que anuncia de año en año que los problemas de los aniristas continúan siendo los mismos.
