Luego de la publicación en Buzón abierto del texto Taxista santiaguero pide no perder el rumbo, varias han sido las llamadas, los mensajes por correo electrónico y cartas de trabajadores de las provincias de La Habana y Santiago de Cuba, quienes exponen dudas e inconformidades sobre la incorporación al sistema de arrendamiento.
Es el caso de los colectivos de choferes de Gran Car Santiago de Cuba, integrado por 17 compañeros, y de la Empresa de Taxis de Servicios al Turismo, en La Habana.
En sus misivas reclaman el derecho a tener respuestas ante el desconcierto por el inminente paso al nuevo modelo de gestión, sin condiciones materiales o debido a los problemas que afrontarían.
Para ellos, esa “decisión del país es indiscutiblemente acertada”, pero se requiere de mayor acercamiento a los trabajadores, a fin de escuchar sus opiniones y experiencias.
En el caso de los taxistas santiagueros, una preocupación recurrente es que los vehículos, fabricados en la década de los 50 del siglo pasado, carecen de las condiciones técnicas con vistas a asumir el arrendamiento; según ellos, esto es producto a la falta de voluntad administrativa para invertir en la mejora de esos medios básicos de la entidad, aun cuando esa acción resulta de obligatorio cumplimiento antes de llegar a la nueva forma de gestión.
Luego del arrendamiento la desprotección resulta mayor, porque están obligados a asumir la compra de piezas y las reparaciones, además de pagar diariamente un estimado de 20.80 CUC, sin contar los impuestos establecidos, manifiestan en su carta.
Uno de los asuntos más inquietantes para los conductores de Gran Car Santiago de Cuba es la forma en que la administración, tanto a nivel provincial como nacional, “impone la urgencia de pasar al nuevo modelo”.
Faltan argumentos que justifiquen las normas en cuanto al monto de la renta, “desconociendo que los récords de recaudación demuestran la imposibilidad de cumplir con las cifras planificadas y se limitan a reiterar la frase de: o lo toman o se quedan sin empleo, que en nada corresponde con el principio defendido por la Revolución de no dejar a nadie desamparado”, subrayan en su misiva.
En medio de tal panorama, les duele sentirse sin el acompañamiento del sindicato, que hasta la fecha, dicen, ha permanecido al margen de todo el proceso, obviando su papel de representante de los trabajadores.
Similar parecer expresa el colectivo de la Empresa de Taxis de Servicios al Turismo en La Habana. A su juicio, el paso al arrendamiento ha hecho “desaparecer el protagonismo que debe tener la organización sindical, entre otras razones, por la inexistencia de un convenio colectivo regulador de las muchísimas cuestiones que no están enmarcadas en la legislación, ni en los acuerdos individuales firmados entre los taxistas y la Agencia”, significan.
Al referirse a esto último explican que “dichos contratos son elaborados por una de las partes sin que la otra tenga la posibilidad de negociar el contenido de sus disposiciones, violando de este modo lo acreditado en el Lineamiento No. 10 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”.
Este plantea que: “Las relaciones económicas entre… las formas de gestión no estatal se refrendarán mediante contratos económicos y se exigirá por la calidad del proceso de negociación, elaboración, firma, ejecución, reclamación y control del cumplimiento de los mismos como instrumento esencial para la gestión económica”.
Los choferes de la Empresa de Taxis de Servicios al Turismo de La Habana consideran en su texto, que “mención especial merece la cláusula 4.1 del contrato, en la cual se regula el depósito de la astronómica cifra de 16 mil 215 pesos cubanos, para tener derecho a continuar desempeñando idéntica labor a la que hacemos hoy como trabajadores estatales, sin tener en cuenta las soluciones alternativas transmitidas a la dirección del grupo Cuba Taxi”.
Otras inquietudes aparecen enumeradas en su carta, entre ellas, las referidas a la inexistencia de un mercado legal para la compra de piezas, la desprotección del llamado ayudante, la pérdida de valores morales y éticos de muchos choferes ante la falta de control y los intereses personales en torno a la Agencia encargada de asignar los viajes.
A juzgar por las numerosas inconformidades expuestas, el sistema de arrendamiento precisa de un riguroso análisis, en el que no puede faltar la voz del sindicato.
